El Juzgado de Instrucción número nueve de Sevilla ha tomado este martes declaración como investigado al alcalde de Bormujos, el socialista Francisco Molina, a cuenta de la denuncia formulada en su contra por el PP, al atisbar dicho partido posibles delitos de prevaricación y malversación en el contrato adjudicado por el Ayuntamiento de dicho municipio a la empresa Evartisto SLL, para el asesoramiento y seguimiento del protocolo preventivo frente al Covid-19 en los centros educativos de la localidad.

Francisco Molina ha comparecido ante el juez de instrucción Juan Jesús García Vélez durante algo menos de diez minutos, tras lo cual ha manifestado a los medios de comunicación su convicción de que esta causa judicial "se va a archivar", esgrimiendo que la propia Secretaría General del Ayuntamiento "avala la legalidad del contrato" denunciado por el PP.

En ese sentido, ha defendido que ha contestado a "todas las preguntas" del juez, exponiendo que la Fiscalía no ha asistido a la comparecencia tras haber desechado la denuncia inicial del PP, que tampoco ha participado de la sesión tras serle reclamada una fianza de 6.000 euros para su personación en las actuaciones.

Así, Francisco Molina ha reiterado que este asunto constituye "otro episodio más de la campaña de acoso y derribo" del PP para "dañar" su honor y provocar una nueva ruptura del pacto de gobierno entre el PP y Cs en el Ayuntamiento de Bormujos. Especialmente, ha criticado que el PP intente "ganar en los juzgados lo que no gana en las urnas o en los plenos", considerando que los populares no se han personado en las diligencias porque "sólo querían el titular" de prensa de su comparecencia. 

El asunto gira en torno a una resolución de Alcaldía firmada el 19 de octubre de 2020 adjudicando el asesoramiento y seguimiento del protocolo preventivo frente al Covid-19 en los centros educativos a Evartisto SLL por 17.968,5 euros, una resolución rubricada además por la habilitada nacional que ejercía como secretaria general del Ayuntamiento de Bormujos, según dicho documento recogido por Europa Press.

Al respecto, la presidenta del PP de Sevilla, Virginia Pérez, y la portavoz del PP en el Ayuntamiento de Bormujos, Dolores Romero, aseguraban al formalizar esta denuncia que el seguimiento de los protocolos Covid-19 en los centros educativos es "una competencia única y exclusiva" de la Junta de Andalucía, criticando además que el contrato fuese adjudicado a "una empresa de eventos y espectáculos", más en concreto "a un mago", según las populares, avisando de que el objeto social de la entidad adjudicataria no abarcaría las labores de "asesoramiento" encomendadas.

El Consistorio, de su lado, defendía que esta empresa lleva "varios años" trabajando en el ámbito educativo de Bormujos "con monitores de apoyo escolar, pedagogía, talleres de educación, ludotecas, cuentacuentos, coaching y formación o igualdad".

En ese sentido, la agrupación socialista de Bormujos ha asegurado que el contrato investigado está "perfectamente justificado" y ha defendido la "inocencia" del primer edil".

En paralelo, recordemos que el Juzgado de lo Penal número ocho tiene fijado para el 30 de noviembre de este año el juicio previsto contra el alcalde de Bormujos y la concejal de Obras Públicas, la también socialista Carmen Garfia, por un presunto delito de prevaricación derivado de la autorización de unas obras en una nave municipal pese a contar con informes desfavorables de la Intervención municipal y el arquitecto del propio Ayuntamiento.