Varios abogados defensores en la causa penal por los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos expresaron ayer sus quejas por la "parcialidad e inutilidad" de la comisión parlamentaria de investigación. Uno de ellos, Fernando de Pablo, letrado del ex director general de Trabajo, Francisco Javier Guerreo, fue más allá al afirmar que la comisión ha sido "un homenaje póstumo a Miliki", fallecido el pasado día 17. Guerrero ha sido apuntado en el dictamen final de la comisión como el único responsable político del escándalo, lo que para De Pablo constituye "una vergüenza y una desfachatez que se fijen las responsabilidades políticas en quien no podía tomar decisiones políticas".

Los letrados destacaron en declaraciones a Efe la "inutilidad" de esta comisión al existir una avanzada investigación judicial a cargo de la juez Mercedes Alaya. Los abogados incidieron en la vulneración de los derechos fundamentales de quienes comparecieron ante ella y la incapacidad de los diputados para reconocer los posibles fallos en los mecanismos de control parlamentarios, que "año tras año bendijeron la partida investigada".

Para De Pablo, si la investigación se cierra de manera definitiva con la responsabilidad de Guerrero, "habría que abrir dos nuevas investigaciones" contra sus sucesores, que tramitaron de manera idéntica las ayudas y de conformidad con el mismo convenio. Miguel Villegas, defensor de un abogado del Bufete Villasís, criticó "el desprecio a la investigación judicial" y a los derechos de los comparecientes a guardar silencio o a la presunción de inocencia".

A su juicio, las comparecencias "fueron un disparate, un esperpento que ha dado como fruto la charlotada que están protagonizando, a cuento del dictamen, sus ilustres señorías, que lejos de confiar en la imparcialidad de la investigación judicial prefirieron organizar un aquelarre para lucirse, donde la prudencia y buen juicio brillaron por su ausencia".

Para De Pablo las conclusiones de la comisión -que serán elevadas esta semana al Pleno del Parlamento- son "una tomadura de pelo a la ciudadanía en general". El abogado del ex alto cargo de Trabajo precisó que "no nos pueden representar quienes desprecian groseramente a los representados".

Juan Carlos Alférez, abogado de un jefe de servicio de la Consejería de Empleo, manifestó que el resultado de la comisión "refleja aquello que muchos juristas veníamos advirtiendo, es decir, la absoluta inutilidad de haber abierto una investigación parlamentaria dada la profusa y avanzada investigación judicial que ya existía".

Alférez criticó el resultado "vacuo, neutro y superfluo" de la comisión, que, a su juicio "esconde su propia falta de voluntad para detectar algo que muchos juristas venimos atisbando" sobre la posible responsabilidad del Parlamento y sus mecanismos de control "durante los ejercicios en los que la partida 31L fue año tras año aprobada y bendecida".

Julio Ángel Martínez Gámez, letrado del "conseguidor" Juan Lanzas en los procesos civiles, censuró "el formato de la comisión, con retransmisión televisiva de unas preguntas muchas veces teatrales", lo que forzó a los comparecientes a adoptar una postura defensiva.