La juez Mercedes Alaya, que investiga el escándalo de los ERE fraudulentos, ha suspendido las declaraciones previstas para este martes de 13 imputados, entre ellos los ex consejeros Antonio Fernández García y Martín Soler, al coincidir estas comparecencias con la citación a declarar como imputado ante el Tribunal Supremo del ex consejero José Antonio Viera, por lo que estas declaraciones se han aplazado al próximo 28 de abril.

El aplazamiento de estas declaraciones se produce a instancias de la acusación particular que ejerce el PP, que está personado en la causa abierta tanto en el juzgado de Instrucción número 6 como en el Supremo, por lo que como este último había fijado el señalamiento con anterioridad al de Alaya, la magistrada ha decidido aplazar la comparecencia de estos 13 imputados a los que se amplió la imputación por otros motivos. 

Entre los citados a declarar, además de los ex consejeros, se encuentran los ex viceconsejeros de Empleo Agustín Barberá y Justo Mañas, el ex viceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez Román, los ex directores generales de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero y Daniel Alberto Rivera, y el ex delegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas, entre otros. La ampliación de la imputación a estas personas se produjo tras la incorporación a la causa de varios atestados de la Guardia Civil, entre ellos un informe de seguimiento relacionado con el ERE de la empresa Cydeplast Pest, que recibió 3,7 millones de euros para el ERE por el que se produjo la extinción de la totalidad de los 49 contratos laborales de la empresa.

Y también se acordó una segunda subvención excepcional, "sin sujeción a bases reguladoras, y sin que existiera tampoco dicha finalidad pública", para la opción de compra de maquinaria por importe de 503.131,72 euros para la sociedad constituida por parte de los trabajadores de la extinta Cydeplast Pest, denominada Nazapet SAL.

Si Alaya hubiera mantenido estas declaraciones, se habría producido la tormenta judicial perfecta sobre una misma causa, un hecho insólito en torno a una investigación judicial en la que están involucrados tres jurisdicciones. A la macrocausa de los ERE fraudulentos, con sus 264 imputados y sus más de 140.000 tomos, sólo le faltaba esta triple coincidencia que tendrá lugar el 7 de abril. Junto a las citaciones de Alaya, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y el Tribunal Supremo (TS) han citado a declarar a imputados de alto nivel en relación con el escándalo de los ERE.

Este hito judicial se iniciará con la comparecencia ante el Supremo del ex consejero de Empleo de la Junta y todavía diputado del PSOE José Antonio Viera, que deberá explicar al instructor de la causa contra los aforados, entre otras cuestiones, la extraordinaria y excesiva concentración de ayudas en las empresas de la comarca de la Sierra Norte de Sevilla, con la que mantiene fuertes vínculos. En uno de los últimos atestados, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil atribuyó a Viera una "participación esencial" en la concesión de las ayudas a la Sierra Norte, dentro de un "marco de corrupción" en el que el consejero pudo favorecer "de manera desmesurada" a personas de su entorno, en cooperación con el resto de miembros del consejo rector del IFA, según precisaron los investigadores en ese informe.

Viera será el primero de los cinco aforados cuya investigación ha asumido el Supremo en declarar. Tras él lo harán, el ex presidente de la Junta José Antonio Griñán, citado el 9 de abril; Manuel Chaves, que comparecerá el día 14; mientras que los ex consejeros de Presidencia Gaspar Zarrías y María del Mar Moreno cerrarán las declaraciones en el Alto Tribunal los días 16 y 21 de abril, respectivamente.

El 7 de abril también ha sido la fecha elegida por el magistrado del TSJA Miguel Pasquau para citar a declarar al ex consejero de Economía Antonio Ávila, quien al igual que la ex consejera Carmen Martínez Aguayo –que comparece al día siguiente, el 8 de abril– solicitaron declarar de forma voluntaria. En una providencia, el instructor advirtió de que esta declaración se producirá "sin perjuicio de que ulteriormente se les pueda volver a recibir declaración cuantas veces sea necesario por el órgano judicial que resulte definitivamente competente", en clara alusión a la juez Alaya, puesto que los cuatro aforados ante el TSJA perderán esta condición cuando pasen las elecciones autonómicas, con lo que su investigación volverá a Alaya.

Por último, el Tribunal de Cuentas también ha citado a declarar mañana al ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero Benítez para la práctica de una liquidación provisional complementaria, una vez que se detectó un “error” en la liquidación provisional celebrada el pasado 24 de febrero.

El Tribunal de Cuentas (TC) ha reclamado otros 43 millones de euros a los ex directores generales de Trabajo de la Junta Francisco Javier Guerrero y Juan Márquez, en relación con las ayudas concedidas a 47 empresas y a seis ayuntamientos de la provincia de Sevilla. En un nuevo acta de liquidación provisional, el TC señala que el "presunto alcance" de estas ayudas asciende a 48,6 millones, con lo que sumado a 64,3 millones que se reclaman por las comisiones, este tribunal ha pedido el reintegro total de 112,9 millones, aunque todavía queda por determinar una tercera fase: la del alcance de las ayudas sociolaborales vinculadas a los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE). 

De los 48,6 millones a que asciende el alcance por las ayudas a 47 empresas y seis ayuntamientos, el Tribunal de Cuentas responsabiliza a Guerrero de algo más de 32 millones de euros, cantidad de la que debe hacer frente de manera solidaria con las empresas que recibieron las ayudas, mientras que a Márquez se le reclaman solidariamente algo más de 11 millones. 

Entre las ayudas más destacadas, el TC responsabiliza a Guerrero de las concedidas por importe de 4,8 millones al grupo Pickman; los 4,1 millones a la empresa A Novo Comlink, afincada en el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA) de Málaga; o los 3,9 concedidos a Promi. También se destacan las ayudas concedidas a los ayuntamientos sevillanos de Los Palacios, San Nicolás del Puerto, Guadalcanal, Camas, Alcolea del Río y Coria del Río.