La juez Mercedes Alaya ha impuesto una fianza de 2.053.716,44 euros a la ex asesora de la Consejería de Empleo María José Rofa, una fianza que la instructora asegura que fija "por imperativo legal", después de que la Audiencia de Sevilla revocase un auto suyo en el que había dejado sin medidas cautelares a esta imputada por su colaboración en la causa. Ahora Alaya, en contra del criterio de la Fiscalía Anticorrupción, que reclamó una fianza de 205 millones para esta imputada, sólo le ha impuesto esos dos millones de euros, que representan un 1% de las ayudas concedidas durante el tiempo de su mandato porque considera que, aunque indiciariamente resulta acreditada su participación, "también indiciariamente resulta que en su actuación se limitó a cumplir las órdenes de sus superiores", los directores generales de Trabajo Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera.

Alaya justifica esa importante rebaja en la fianza de Rofa en que se debe mantener "cierto equilibrio con otros imputados a los que con similares responsabilidades o de otra índole, pero de mayor trascendencia no se ha exigido ni solicitado fianza, respecto de los cuales también se mantiene la imputación".

La Fiscalía decidió recurrir el auto de Alaya en el que dejó sin fianza a Rofa al considerar que los argumentos utilizados por la instructora para no imponer ninguna fianza "pueden y deben ser rotundamente rechazados, por no ajustarse a la realidad". Alaya comparó el caso de la ex asesora de Empleo con los del ex interventor general de la Junta Manuel Gómez Martínez y el ex jefe de servicio de la Dirección General de Trabajo Antonio Diz-Lois al estimar que sobre estos dos imputados no se habían solicitado medidas cautelares siguiendo el "criterio reciente" del Ministerio Fiscal. La instructora también apuntó que la posición de Rofa era muy próxima a la de Diz-Lois y además debía "valorarse positivamente" la contribución de la ex asesora para el esclarecimiento de los hechos, al haber aportado diversa documentación.

La Fiscalía Anticorrupción señaló que, a la espera de los nformes de seguimiento de la Guardia Civil, se desprende de forma indiciaria  y provisional "una participación activa de Rofa en la tramitación de los pagos y en el conocimiento del procedimiento específico superior al resto de imputados con los que se compara por parte de la magistrada".

 Para la Fiscalía, "difícilmente puede hablarse" de la contribución de la imputada al esclarecimiento de los hechos cuando Rofa  "se acogió a su derecho a no declarar, negándose pues a contestar a pregunta alguna y limitándose a ratificar la declaración prestada ante la Guardia Civil, no permitiendo a esta Fiscalía profundizar en determinadas materias que son objeto de la presente instrucción".

El fiscal dice que la relevancia de la documentación aportada por Rofa "prácticamente se desconoce" pues tan sólo "una mínima parte" fue incorporada al atestado y, en cualquier caso, entiende que la colaboración o no con la Justicia "no puede devenir en una situación que proporcione con respecto al resto de imputados la posible elusión de las medidas cautelares de naturaleza real".

La Fiscalía reconoce que un comportamiento "activo y sincero" de colaboración no puede alcanzar a las medidas "que supongan la no exigencia del necesario reintegro de los fondos públicos que por un hacer o no hacer han sido presuntamente malversados, sin perjuicio de que dicha responsabilidad civil se aminore por el reintegro de los perceptores finales de los mismos y de las consecuencias en fase de enjuiciamiento del comportamiento del ya acusado o procesado".