Óscar Lezameta

No hay que sacar matrícula de honor en un curso de profeta avanzado, ni tan siquiera un aprobado raspado, para prever que los próximos meses serán los últimos en los que las costas de la localidad de Carboneras tendrán que soportar semejante engendro blanco en sus costas, un símbolo del urbanismo más salvaje que le ha llevado incluso a las portadas de organizaciones ecologistas en sus informes sobre la materia. Sólo falta un pequeño detalle que apenas cuesta 7,3 millones de euros; Junta y Gobierno están de acuerdo, aunque nadie ha puesto un euro encima de la mesa sobre la que habrán de decidir cuándo, cómo y quién pone la primera pica y terminar con este disparate.

Lo cierto es que la historia, como casi todo en Almería, data de hace mucho. En concreto desde 1999 cuando Azata del Sol compró los terrenos que más dolor de cabeza la darían a empresa alguna. La Junta, la misma que ahora se echa las manos a la cabeza y cuyas responsabilidades en la construcción del edificio más famoso de la provincia aún están por establecer y asumir, dio el visto bueno.  Tres años después, en 2006 se ordenó la paralización de las obras y en esas estamos.

Los tribunales, tarde como casi siempre, han puesto las cosas en su sitio: el hotel de la playa del Algarrobico es ilegal. Así de claro habló el Supremo. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), fue incluso más allá y acusó a la administración autonómica de utilizar "triquiñuelas para intentar legalizar el hotel"; entre ellas una modificación en el Plan de Ordenación de Recursos Naturales del Cabo de Gata que relajó la protección al entorno que antes no protegió de manera adecuada.

Con todo ello, con la argumentación conocida al Estado de Derecho, con la aún más conocida sentencia de "acatamiento a las sentencias", con la más que obvia violación de la Ley de Costas, en Almería hay quien incluso pide su reapertura. En esto tampoco hay diferencia entre partidos; el alcalde, la Mancomunidad de Municipios, el PP en las instituciones que gobierna y últimamente el PSOE, han pedido su reapertura. Algunos de ellos, terminarán en los tribunales acusados de prevaricación por las organizaciones ecologistas, verdaderos artífices de que la pesadilla termine lo antes posible.

La crisis económica ha ralentizado un proceso que debería estar amparado por la lógica y el sentido común: alguien construye un edificio, los tribunales lo declaran ilegal y las instituciones proceden a su derribo como garantes del cumplimiento normativo y el sometimiento de todos a la legislación. En lugar de ello, otra lógica, la política se ha impuesto como casi siempre; lo que debería ser una colaboración para solventar un problema, se ha convertido en otro motivo más para lanzarse puyas más o menos envenenadas. Mientras tanto el asunto  corre el peligro de eternizarse aunque falta muy poco. Tan solo que el TSJA se pronuncie sobre las normas subsidiarias de Carboneras, las mismas que sirvieron para que se pudiera edificar y que alguien ponga el dinero necesario para revitalizar una zona que debe dejar de ser conocida fuera de la provincia por un disparate blanco de 20 plantas y más de 400 habitaciones que nadie ocupará nunca.