Tan "sorprendente" que lo ven inviable. "Darán marcha atrás, se han equivocado, es imposible gestionar la inmigración desde las comunidades". En el Gobierno andaluz no dan crédito a la última concesión del Ejecutivo de Pedro Sánchez a Junts: las transferencias de inmigración a la Generalitat de Cataluña. Aunque Junts no gobierna la Generalitat y ERC, que lo hace, tiene bastantes reticencias, el PSOE se ha comprometido con lo independentistas a aprobar una ley orgánica que transfiera, de modo íntegro, las políticas migratorias a esta comunidad autónoma, a pesar de que este área afecta de pleno a la propia esencia del Estado, al control de sus fronteras y de la extranjería. La posición de la Junta es clara: no se solicitarán "en ningún caso" tales competencias si la ley se aprobase y apoyará al PP en el supuesto de que la recurra ante el Tribunal Constitucional.

El consejero de Presidencia de la Junta, Antonio Sanz, que además ha sido delegado del Gobierno central en Andalucía en las legislaturas de Mariano Rajoy y, por tanto, responsable político en política migratoria, lo explica del siguiente modo: "Eso es imposible, la nacionalidad, la inmigración y el derecho de asilo son competencias exclusivas del Estado, es la raíz nacional; lo otro, sería el caos. Si yo [por la Junta] asumo las expulsiones o el derecho de asilo, tendría que tener relaciones internacionales con los países de donde provienen, conocer sus datos, poder devolverlos. Esto imposible, pero de lo que estoy seguro es que es otro intento para terminar de desmantelar a la Policía Nacional y a la Guardia Civil de Cataluña".

El Constitucional anuló de modo íntegro el artículo del Estatuto catalán sobre inmigración

La sorpresa que expresa este consejero de la Junta es la misma que ha causado la propuesta en los dos ministerios competentes, el de Interior y el de Inclusión y Seguridad Social. De hecho, hasta el propio negociador, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, no ha sido capaz de concretar qué incluiría esta transferencia. No obstante, el acuerdo alcanzado el miércoles en el Congreso detalla que la cesión será de modo "integral".

Junts defiende la expulsión de inmigrantes

Sí se sabe, porque Junts lo ha venido publicitando, cuál es su interés en las políticas migratorias, que no es otra que la capacidad de expulsión. Un grupo de alcaldes de Junts de la comarca del Maresme, liderados por el de Calella, Marc Brunch, vienen solicitando la expulsión de los inmigrantes que hayan reincidido en la comisión de delitos. Los independentistas quieren el control sobre tres aspectos: flujos migratorios, enseñanza en catalán para los recién llegados y capacidad de expulsión de los Mossos. Sobre los flujos, Junts intentaría que se fijase un cupo sobre los migrantes que podrían vivir en Cataluña, de acuerdo con un criterio de población. Según los datos del Gobierno, en esta comunidad hay registrados 1,4 millones de personas extranjeras, que suponen el 18% de su población. En Andalucía residen 830.960 extranjeros, uno de cada 10 habitantes, y es que la migración busca las regiones ricas por su propia naturaleza. 

La Junta cree que Junts busca desmantelar a la Guardia Civil en Cataluña

Tanto el control de las fronteras, como la inmigración, la extranjería y el derecho de asilo son competencias exclusivas del Estado, que es el encargado de regular los flujos mediante la concesión o denegación de permisos de residencia, del asilo y de la propia nacionalidad. Esto se explicita en el artículo 149 de la Constitución, y así lo recordó el Tribunal Constitucional en su sentencia sobre el Estatuto de Cataluña de 2006. Los magistrados anularon el artículo referente a la inmigración ante la solidez de que la "Constitución confiere inequívocamente al Estado la competencia exclusiva a este respecto".

Lo que Félix Bolaños sostiene que se puede hacer es transferir o delegar esta competencia exclusiva mediante una ley orgánica tal como se prevé en el artículo 150 de la Carta Magna. Su constitucionalidad, no obstante, es dudosa si lo que se transfiere es una competencia tan exclusiva de los Estados y, en cualquier caso, la ley orgánica acabaría en el Constitucional. Para aprobar este texto es necesario la mayoría absoluta del Congreso.

Tal como ha explicado Antonio Sanz, las competencias autonómicas en migración se reducen a la atención sanitaria, a la asistencia de ayuda y a medidas sociales complementarias para los trabajadores que llegan con permiso de trabajo, como ocurre con las temporeras marroquíes que vienen a Huelva todos los años. Además, la Junta tiene la capacidad de dar y de tramitar las autorizaciones de trabajo en coordinación con el Estado.

La tutela de los menas

Sí tiene la custodia de los menores inmigrantes que llegan sin acompañamiento, porque todos los países tienen la obligación de hacerse cargo de ellos. No obstante, el Gobierno central tiene la capacidad para distribuirlos entre las comunidades. En el caso andaluz, y aunque la cifra varíe, hay de 2.000 a 2.500 menores acogidos en esta situación.

Andalucía es una de las puertas de entrada de la migración irregular, debido a su condición de zona costera fronteriza. Nueve de cada 10 personas que llegan a España de este modo lo hacen por las costas, aunque en 2023 la mayoría lo hizo por Canarias. Entraron 56.852 migrantes, de los cuales 25.633 llegaron a las islas. La causa es la profunda crisis política y económica que atraviesa Senegal. Las siguientes entradas son Ceuta, Melilla y Andalucía.

Pero estas comunidades no son los destinos de estos flujos económicos, por lo que el Gobierno central es el que se encarga de redistribuirlos por el resto del país o, en su caso, de tramitar una expulsión que debe ser autorizada por un juez. Las gobiernos autonómicos no tienen acceso a la identificación de estas personas ni, por tanto, pueden tramitar su residencia o repatriación. Ni son competentes para ingresarlos en los Centros de Internamiento de Inmigrantes (CIE), que son de competencia estatal plena. 

De todas las transferencias que el Gobierno central ha acordado con los independentista, la Junta sólo contempla acogerse a la quita de la deuda con el Estado, aunque aún se desconoce qué cantidad le corresponderá.