La Fiscalía Anticorrupción ha urgido a la juez Mercedes Alaya para que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que investiga el escándalo de los ERE bajo dirección de la instructora, avance la investigación antes de poder determina la posible prescripción de algunos de los hechos investigados.

La juez requirió el pasado 4 de octubre al Ministerio Público para que informara sobre el "período de prescripción que maneja, a los efectos de decidir si procede", y la Fiscalía ha respondido enviando un escrito al juzgado en el que señala que "no es posible con carácter previo ni en abstracto, tipificar las conductas o enumerar los posibles delitos cometidos ni su fecha de comisión en tanto en cuanto no se reciban en las actuaciones los atestados de la UCO de la Guardia Civil sobre cada una de las empresas y ayudas concedidas e identidad de las personas beneficiadas e implicadas en el fraude".

En otro escrito remitido a la juez Alaya el pasado martes, la Fiscalía Anticorrupción recuerda que hace un año –en concreto el 1º de octubre de 2012- el Ministerio Público ya planteó a la instructora el problema de la posible prescripción y que para evitar la misma en relación con algunos hechos respecto a las personas imputadas hasta ese momento y a otras que pudieran haber participado se interesaba que se oficiara a la Guardia Civil para que "priorizara la investigación y entrega de los informes relativos a los pagos efectuados en los años 2001, 2002, y 2003" y todo ello sin perjuicio de la entrega de los informes de seguimiento relativos a otros años y beneficiarios que fuesen concluyendo.

La Fiscalía recuerda que la propia Alaya pidió a las partes personas en la causa en septiembre de 2011, varios meses después de iniciara la investigación de los ERE -que comenzó en enero-, que se abstuvieran de realizar "cualquier tipo de diligencias para su práctica por la Guardia Civil" hasta que se entregara cada atestado. La Fiscalía entiende que esta disposición de la juez "pretende priorizar dentro de la dirección que viene ejerciendo la magistrada instructora de la investigación policial al objeto de evitar que determinadas personas físicas puedan quedar exoneradas de su responsabilidad penal por el instituto de la prescripción, así como que sociedades mercantiles o entidades beneficiarias de las ayudas puedan ser llamadas a este proceso en calidad de responsables civiles".

Y en este sentido, la Fiscalía advierte de que "desconoce las directrices dadas para la investigación policial", a pesar de lo cual ha venido "reiterando la necesidad de priorizar las ayudas abonada en los primeras años objeto de investigación así como la participación de los empresarios y entidades que se han venido beneficiando de las mismas".

Para el fiscal, las conductas de aquellos empresarios que han recibido fondos para "compromisos asumidos" por la Dirección General de Trabajo son "asimilables a la de los denominadas intrusos, siendo necesario acelerar, o en su caso, iniciar las investigaciones y actuaciones encaminadas al reintegro de cantidades indebidamente percibidas".

La Fiscalía pide a la juez que se "detalle la encomienda realizada en el sentido de que han de seguir investigándose todas las ayudas sociolaborales, puesto que los hechos que se pongan de manifiesto en dicha investigación podrán integrar la acusación contra los altos cargos de la Administración autonómica de apreciarse continuidad en los delitos que se imputan".

De la misma forma, considera necesario conocer "qué personas físicas, mediadores y sociedades han intervenido en cada ayuda para poder valorar en su conjunto la imputación de hechos que permita su tipificación, de forma que sería en ese momento cuando se analizará si opera o no el instituto de la prescripción y con respecto a qué personas concretas".

Por último, la Fiscalía recuerda que en junio pasado solicitó a la juez que oficiara a la Guardia Civil para que se investigaran determinadas operativas llevadas a cabo por algunos imputados con distintas cuentas banarias en relación con el conseguidor de los ERE Juan Lanzas y el bufete de Estudios Jurídicos Villasís, y en este sentido considera que "no es suficiente el mero traslado de las peticiones que ya se habían realizado en el mes de junio pasado" y cuyo objeto, continúa el Ministerio Público, se ve complementado por el atestado de la segunda fase de la operación Heracles y las declaraciones prestadas en sede judicial por los detenidos –en especial la del secretario general de UGT en Cádiz, Salvador Mera–, sino que es "necesario un requerimiento expreso a las entidades".

La Fiscalía había pedido en concreto que se investigaran la cuentas bancarias utilizadas por los imputados para el cobro y distribución de las distintas cantidades, que se oficiara al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) para que informara sobre las "denuncias, reportes y cualquier actuación de las que haya tenido conocimiento en relación a dichas cuentas". También pidió Anticorrupción que se requiriera a las asesorías jurídicas de las entidades de crédito para que aportaran detalle de la persona o personas que desempeñaban el puesto de director e interventor en las sucursales y periodo reseñado.