La Oficina Andaluza Antifraude ha propuesto incoar un "procedimiento sancionador" contra el director general de Pesca y Acuicultura de la Junta de Andalucía, José Manuel Martínez Malia, al constatar "indicios de causas de incompatibilidad" entre su cargo -para el que fue nombrado en 2019- y unas ayudas concedidas por la administración autonómica a dos empresas con las que tenía vinculación.

Así se recoge en la propuesta de resolución de la Oficina Antifraude que ha dado a conocer este miércoles el parlamentario del PSOE-A José Aurelio Aguilar, y que viene firmada por la subdirectora de Investigación, Inspección y Régimen Sancionador, María Luisa Wic.

El parlamentario del PSOE ha exigido el cese inmediato del director general de Pesca y la comparecencia de la consejera de Agricultura y Pesca, Carmen Crespo, para dar explicaciones públicas por lo ocurrido.

El PSOE presentó una denuncia en mayo de 2023 ante la Oficina Andaluza Antifraude por una "presunta incompatibilidad" del director general de Pesca y Acuicultura ante la concesión de unas subvenciones públicas de la administración autonómica a empresas de las que contó con participaciones.

El PSOE-A denunció un "posible conflicto de intereses en la tramitación de dichas ayudas públicas, ya que el director general de Pesca y Acuicultura es órgano decisor de las mismas y no se ha abstenido en el dictado de las resoluciones finalizadoras del procedimiento", según se relata en la resolución de la Oficina Antifraude, que constata que "existen dos mercantiles que han sido beneficiarias de ayudas/subvenciones y cuyas participaciones ha ostentado y/o ha sido apoderada la persona investigada".

Así, la Oficina Antifraude relata que, a fecha del 31 de diciembre de 2019, Martínez-Malia era "titular del 50%" de las participaciones de una de las dos mercantiles referidas -Pesquerías Quintino, S.L.-, y aunque "con posterioridad" vendió las mismas, "no queda claro el momento de la venta". Además, el organismo entiende que el director de Pesca "incurriría en la causa de incompatibilidad" en relación a dicha empresa "al ostentar la condición de apoderado general hasta el 5 de julio de 2023".

Además, en relación a la otra empresa -Carabina y Farruco, S.L.-, la Oficina Antifraude constata que el director general era, a fecha del 31 de diciembre de 2019, "titular del 50%" de sus participaciones, que vendió en octubre de 2021, y tenía como socio a su hermano en esta mercantil.

"Habiendo sido beneficiaria de ayudas de la administración pública, en el periodo comprendido entre el 2 de julio de 2021 y octubre de 2021 la persona investigada estaría incursa en la causa de incompatibilidad, precitada", se puede leer en la resolución de la Oficina Antifraude, que considera que, "a la luz de lo expuesto", la persona del director de Pesca "estaría indiciariamente afectada por doble causa de incompatibilidad, a saber, la participación en empresas perceptoras de ayudas públicas -desde el 2 de julio de 2021 hasta, al menos, el 4 de octubre de 2021, sin perjuicio de lo que pueda probarse en otros procedimientos- y ostentar la condición de apoderada de una empresa perceptora de ayudas públicas, desde el 2 de julio de 2021 hasta el 5 de julio de 2023".

La Oficina Antifraude ha concluido proponiendo, en primer lugar, trasladar su resolución a la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía "para que proceda a valorar la necesidad de implantar protocolos de detección temprana y prevención y/o cualesquiera mecanismos eficaces para velar por la ausencia de conflictos de intereses y causas de incompatibilidad de los altos cargos".

En segundo lugar, "con relación a la causa de incompatibilidad -dedicación exclusiva- y deber de inhibición de la Ley 3/2005, de 8 de julio", la resolución de la Oficina Antifraude, "pudiendo los hechos objetivamente constatados ser constitutivos de responsabilidad sancionadora", propone "a la Dirección" de dicho organismo que "se incoe el procedimiento sancionador correspondiente".

Y, en tercer lugar, la Oficina propone "trasladar a la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía la resolución y el expediente administrativo a fin de que por éste, previa valoración de las actuaciones practicadas, se acuerde, en su caso, el inicio del correspondiente procedimiento" contemplado en el artículo 23.2 de la Ley 2/2021, de 18 de junio, "con relación al deber de abstención de la Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público en los procedimientos de ayudas concedidas a los tripulantes que guardan relación de parentesco dentro del segundo grado de consanguinidad con la persona investigada".

Las "partes interesadas" disponen de un plazo de diez días, "a partir del siguiente al que reciban esta propuesta, para formular alegaciones", indica también la resolución.

El PSOE pide el cese inmediato

El diputado del PSOE-A José Aurelio Aguilar ha reclamado que "visto todo esto, no queda otra más que exigir el inmediato cese del director general de Pesca". Aguilar ha reiterado que "no puede seguir un día más al frente" de dicha responsabilidad, y ha emplazado a la consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo, a que "dé urgentes explicaciones en el Parlamento de por qué ocultó estas incompatibilidades".

Al respecto, Aguilar ha recordado que, cuando se le preguntó a la consejera en el Pleno del Parlamento "por estas incompatibilidades, negó las mismas y dijo que no había causa ninguna de abstención y de inhibición", por lo que desde el Grupo Socialista exigen "la comparecencia inmediata" de la consejera.

Y si Crespo "no da unas explicaciones contundentes" y "satisfactorias", desde el PSOE-A emplazarán al presidente de la Junta, Juanma Moreno, "para que adopte las medidas necesarias para paliar esta nueva crisis en su gobierno", según ha avisado el representante del PSOE-A, que ha opinado que "un día tras otro" se está viendo cómo el Ejecutivo del PP-A "empieza a ser un gobierno en crisis".

Antifraude avisa contra la filtración

Tras la comparecencia de Aguilar, la Oficina Andaluza Antifraude (OAAF) ha subrayado que la propuesta de resolución que ha emitido en relación a supuestas "causas de incompatibilidad" es "provisional", y ha advertido contra las consecuencias que puede generar la "filtración" de dicho documento. En un comunicado, ha querido aclarar que se trata de "una propuesta de resolución provisional, no finalizadora del procedimiento", y que "la parte denunciante y la parte denunciada disponen de un plazo de presentación de alegaciones que aún no ha concluido". 

"La filtración de información en la investigación que cause graves perjuicios a la propia investigación o al denunciante está tipificada como una infracción muy grave en virtud del artículo 43.g de la Ley 2/2021, de 18 de junio, y en consecuencia se podría estar incurriendo en un incumplimiento del mismo lo que conllevaría sanciones que oscilarían entre los 30.001 y los 100.000 euros", advierten desde la Oficina Antifraude.

Asimismo, el órgano asegura en su comunicado que, "no está investigando ningún supuesto de fraude, las acciones que son objeto de filtración hacen referencia únicamente a infracciones de carácter administrativo, nunca delictivas, en las no se han detectado ningún tipo de alcance contable o de perjuicio económico para la Junta de Andalucía en el reparto de ayudas".