Andalucía

Bolaños incluye a dos ex altos cargos y a Lanzas en el ERE de Río Grande

  • La juez dice que la empresa no estaba en crisis y podía haber sufragado el coste del expediente

La dueña de Río Grande, Carmen García, en los juzgados.

La dueña de Río Grande, Carmen García, en los juzgados. / juan carlos muñoz

La juez de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, continúa dando forma a las diferentes piezas separadas de los ERE, y en este sentido ha dictado un auto en el que dirige la investigación por el ERE del restaurante sevillano Río Grande, que recibió 1,3 millones de ayudas y en la que aparecieron dos de los primeros intrusos, a un total de seis personas, entre las que están dos ex directores de Trabajo y el conseguidor de los ERE Juan Lanzas.

En el nuevo auto, que tiene fecha del día 8, Bolaños señala que esta pieza de investigación se dirige contra seis personas, la empresaria Carmen García Sánchez, los ex directores de Trabajo y Seguridad Social Javier Guerrero y Juan Márquez, el conseguidor Juan Lanzas, el comercial de Vitalia Francisco González y la intrusa Carmen Fontela.

En la resolución, Bolaños explica que el 15 de julio de 2005 se presentó un ERE en la delegación de Empleo de Sevilla que afectaba a 12 de los 33 trabajadores del restaurante Río Grande. El ERE se justificaba por causas "organizativas" y unos resultados económicos "negativos", especialmente en el año 2004, pero la magistrada explica que estos datos "difieren enormemente" de la información aportada por la Agencia Tributaria y declarados por la empresa a través del impuesto de sociedades, donde aparecen unos beneficios de 1.250.594,42 euros.

Por ello, la juez concluye que existen "indicios suficientes" para considerar que Río Grande "no era una empresa en crisis" y recuerda que la propietaria de la empresa, Carmen García Sánchez manifestó que habría solicitado el ERE igualmente "sin ayuda de la Junta y que lo hubiera pagado" y explicó que no solicitó la ayuda porque consideraba que el expediente lo "cofinanciaba" la Junta, como le había informado Francisco González, de Vitalia. La instructora señala que "podría, sin embargo, considerarse de Carmen García se beneficia de unas ayudas ahorrándose el pago a los trabajadores, a sabiendas de que no tiene derecho a ello y conociendo la existencia de dos posibles intrusas".

Así, entre los 12 trabajadores acogidos al ERE se encontraban María José de la Rosa -fallecida en 2006- que había sido contratada el 5 de enero de 2005, a menos de tres meses de cumplir los 65 años, y cuando se solicita el ERE ya había cumplido la edad de jubilación, y también María del Carmen Fontela González, que "nunca había sido trabajadora" de Río Grande.

Para la juez, también hay indicios de la representante de Río Grande tenía conocimiento de, al menos, la inclusión de la primera intrusa, María José de la Rosa, cuyo hijo explicó a la Policía que su madre "nunca trabajó" en Río Grande aunque sí era "muy amiga" de la propietaria.

Por su parte, Carmen Fontela declaró que Francisco González le pidió a su marido que le hiciera el "favor" de abrir una cuenta a su nombre para que le ingresaran las cantidades que le debían y tras consultar con un asesor fiscal que les dijo que todo era correcto siempre que declararan las cantidades, abrió la cuenta de la que González retiraba mensualmente el dinero, quedándose éste con una parte, dejándole otra para el pago de Hacienda a la mujer, y entregando "el resto" al conseguidor de los ERE y ex sindicalista Juan Lanzas, quien además según González era el que tuvo la idea de incluir a Fontela en el ERE de Río Grande.

González aseguró en su declaración policial (el 21 de diciembre de 2010) que le comentó a Lanzas que en un ERE se manejan muchos millones de pesetas y que él -en alusión al conseguidor- estaba "ganando mucho dinero y él -Francisco González- no se estaba llevando nada". Lanzas, según el investigado, le respondió: "Tú no te preocupes que, en cuanto podamos, metemos a una persona de confianza en uno de estos ERE y tú te llevar una parte de esta prima". Es en este contexto, prosigue la juez, donde aparece Carmen Fontela y su inclusión en el ERE, que Bolaños dice que sería "la forma de obtener un beneficio económico para Lanzas y González con cuatro pólizas, tres de ellas, las de capital diferido, como única beneficiaria Carmen Fontela".

La juez añade que no consta en la causa documento alguno en la agencia IDEA relacionado con esta ayuda y no existe convenio o resolución alguna, sólo un escrito firmado por el director de Trabajo y Seguridad Social Javier Guerrero Benítez el 23 de noviembre de 2015, por el que se compromete al pago de dos primas por la cantidad total de 1.328.185,92 euros, suscribiéndose además una póliza para "13 ex trabajadores" de Río Grande, empresa que se hacía cargo de tres pagos de sólo 157.020 euros, pero hasta la fecha "Río Grande ha sido incapaz de justificar y/o aportar al procedimiento documento acreditativo" de estos tres pagos.

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