Bolaños toma declaración a dos ex altos cargos del Gobierno de Aznar

La juez María Núñez Bolaños, que investiga el escándalo de los ERE fraudulentos, tomará declaración mañana a dos ex altos cargos que formaban parte del Gobierno de José María Aznar en el año 2003, en relación con las ayudas sociolaborales que se concedieron por importe de 40 millones durante la crisis de la minería de la Faja Pirítica de Huelva. La macrocausa vuelve de esta forma a subir de nivel y en un momento trascendental para el desarrollo de la instrucción, después de que el actual secretario general de Empleo Javier Thibault Aranda, haya remitido un informe al juzgado en el que confirma que el Gobierno central concedió durante una década (2001-2011) y sigue concediendo ayudas "directamente" y sin concurso público, al igual que se investiga en el caso de los ERE fraudulentos que se instruye en el juzgado sevillano.

Esta semana la juez ha citado a declarar a un total de 25 investigados, de los cuales once han sido citados mañana, entre ellos la ex secretaria general de Empleo y la ex directora general de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales Carmen de Miguel García y Soledad Córdova Garrido, respectivamente, que formaban parte del Ministerio que entonces dirigía Eduardo Zaplana.

Según la juez Bolaños, ambas habrían cometido presuntamente un delito de prevaricación en concurso con uno de malversación "por conocer y permitir la inclusión de individuos que no reunían las condiciones necesarias marcadas por la propia Administración para ser receptores de las subvenciones".

En relación con las ayudas a los mineros onubense también han sido imputados seis ex altos cargos de la Junta que ya figuran en otras tantas piezas de los ERE: los ex consejeros de Empleo José Antonio Viera y Antonio Fernández, el ex viceconsejero Agustín Barberá y los ex directores generales de Trabajo Javier Guerrero, Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera.

La juez ha imputado también a los ex secretarios generales de UGT-A y CCOO-A Manuel Pastrana -quien no acudirá por problema de salud- y Francisco Carbonero, respectivamente, así como a otros representantes sindicales de ambas organizaciones sindicales y cinco intrusos, trabajadores de la empresa Almacenes Delgado que fueron incluidos en una de las pólizas. La lista de los 25 investigados se completa con el dueño de Uniter, José González Mata; el abogado Carlos Leal Bonmati, y los ex secretarios general de FIA-UGT-A Salvador Mera y el ex secretario general de la Federación Minerometalúrgica de CCOO Manuel Roberto Carmona, entre otros.

En el auto que acordó estas comparecencias, Bolaños recuerda que el 11 de septiembre de 2002 se firmó el acuerdo marco para la aplicación de las medidas sociolaborales para la crisis de la Faja Pirítica de Huelva, al que siguió un protocolo de colaboración el 29 de abril de 2003 entre la Consejería de Empleo y los sindicatos UGT y CCOO de Andalucía, y ese mismo día se suscribió un protocolo de actuaciones para las prejubilaciones, por el cual la Junta provisionaba seis millones de euros como parte del pago de la cuota por las prejubilaciones. Este protocolo no incluía los denominados "colectivos históricos".

Y como culminación del proceso se firmó el 31 de julio de 2003 el protocolo de adjudicación de las pólizas de prejubilaciones de la Faja Pirítica, que incluía las prejubilaciones de 682 mineros.

El Ministerio de Trabajo, a través de la Secretaría General de Empleo, dictó 15 resoluciones para la concesión de ayudas extraordinarias por importe de 34.594.664,01 euros, llegando a acordarse tres resoluciones por cada mina: Almagrera, Filón Sur, Nueva Tharsis, Navan Resources y Riotinto.

Para la juez Bolaños, la investigación de las ayudas para las pólizas de prejubilación de los ex trabajadores de la Faja Pirítica de Huelva puso de manifiesto "tres grupos de hecho que podrían tener relevancia penal": la inclusión en las pólizas de personas que "nunca" habían trabajado en las minas; la asignación de coeficientes reductores "falseados" para el cálculo de la "edad química" de los trabajadores sujetos a los ERE para incrementar el número de beneficiarios de las pólizas, y, en tercer lugar el "papel jugado" por la asociación de ex trabajadores afectados a través de sus sindicatos.