La titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla aprovecha el auto de archivo de la "pieza política" de los cursos de formación para aclararle a la acusación popular que ejerce el Partido Popular de Andalucía que "no existe recusación alguna" para conocer la causa de los cursos de formación.

En el auto, la instructora recuerda que la recusación formulada por los populares "lo fue a los solos efectos de conocer del recurso de revisión formulado por la parte contra la diligencia de ordenación de la letrada de la Administración de Justicia" en relación con la petición de entrega de las grabaciones de las declaraciones de los testigos, sobre todo los interventores provinciales que aseguraron en sus declaraciones que no detectaron más que irregularidades administrativas, no delitos, y que tampoco apreciaron que se hubiera producido un menoscabo de fondos públicos por cuanto en la inmensa mayoría de las subvenciones concedidas aún no había transcurrido el plazo de cuatro años para considerar prescrito el derecho al reintegro de las ayudas.

De hecho, la Fiscalía asegura que de las 18.000 ayudas concedidas sólo en cinco expedientes, y se han justificado ya 2.000 de los 2.900 millones concedidos entre los años 2009 y 2012. En el auto, la juez rechaza por "impertinentes e inútiles" toda la batería de diligencias de investigación que ha propuesto en los últimos meses la acusación del PP-A, por cuanto esas diligencias "no hacen sino incidir más en la constatación de irregularidades administrativas o, en su caso, de menoscabo de fondos públicos, no siendo objeto de la causa la investigación ni de presuntas irregularidades administrativas, ni de posibles riesgos de menoscabo o de menoscabo".