Ciudadanos presiona a Díaz por los cinco altos cargos "imputados" en el Gobierno

Ciudadanos (C's) salió ayer de su letargo agosteño para exigir una "respuesta inmediata" a la Junta de Andalucía sobre el grado de cumplimiento de uno de los acuerdos alcanzados en el pacto de investidura con el PSOE: la destitución inmediata de altos cargos imputados por la Justicia. Así se refirió C's a las informaciones periodísticas que elevan a cinco los dirigentes autonómicos "imputados por la Justicia", aunque la Junta defiende que en algunos casos se trata de una petición de la Fiscalía sin que la juez haya imputado aún formalmente. Es el caso del delegado de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Almería, José Manuel Ortiz Bono -primo segundo de la actual consejera andaluza de Agricultura, Carmen Ortiz-, quien está acusado de irregularidades en un cambio de calificación de casi 300 hectáreas en Tabernas que pasaron de forestal a agrícola a instancias de una empresa. Ortiz declaró como imputado en abril y a finales de julio fue ratificado en el cargo por la consejera como delegado provincial.

El líder andaluz de C's, Juan Marín, advirtió en un comunicado que su formación "está analizando cada situación pormenorizadamente" y que, llegado el caso, "exigiremos su destitución si se trata de imputaciones por casos de corrupción política, tal y como se refleja en el acuerdo de investidura".

"No nos temblará el pulso. Gracias a Ciudadanos se produjo la expulsión de la vida pública de dos ex presidentes de la Junta de Andalucía por estar presuntamente implicados en un caso de corrupción política como los ERE. Ahora y siempre actuaremos igual porque en Ciudadanos no existe el debate: los imputados por casos de corrupción política deben abandonar sus puestos inmediatamente y defenderse ante la Justicia", avanzó Marín.

Al delegado de Agricultura se le sumarían según este recuento Inmaculada Oria y Sandra García, delegadas provinciales en Granada imputadas por los vertidos de aguas fecales de la depuradora de la prisión de Albolote; Manuela de Paz, presidenta del Puerto de Huelva que declaró en junio como imputada por la ampliación de un muelle sin evaluación ambiental, y Javier Madrid, director general de Gestión del Medio Natural, por autorizaciones de la práctica del silvestrismo. Todos están imputados por prevaricación en casos de falta de protección ambiental o del urbanismo.

Este debate se produce una semana después de que la Junta destituyera a la directora general de Industria, Energía y Minas, María José Asensio, quien está citada a declarar el 17 de septiembre por la adjudicación de la mina de Aznalcóllar. La Junta había defendido que era una cuestión meramente administrativa, pero tras la imputación formal cambió de postura y destituyó a la dirigente autonómica con una reserva de puesto en el caso de que se le retiren los cargos.

Aunque la Junta y el PSOE defienden que no tienen ningún imputado por corrupción política en el Gobierno andaluz, Ciudadanos pone en duda esta afirmación con la revisión que emprenderá.

También Podemos, el otro partido de nueva aparición en el Parlamento andaluz, se opuso ayer a esta certidumbre de la Junta y exigió el cese del delegado de Agricultura. La parlamentaria de Podemos y portavoz en la Comisión de Agricultura, María García, pidió explicaciones a la consejera responsable de la ratificación de dicho cargo, María del Carmen Ortiz Rivas, y consideró una "incoherencia" dicha ratificación después de que el acuerdo de investidura firmado entre PSOE-A y C's recogiera que no iban a permitir cargos públicos imputados.

"Ya son cinco cargos públicos imputados en la Junta y desde Podemos queremos las instituciones andaluzas libres de todas sospecha", aseveró García en un comunicado. Sobre la imputación del delegado de Agricultura en Almería, Podemos opinó que el cambio de tierras de forestal a agrícola se hizo "sin ni siquiera contar con la obligada evaluación de impacto ambiental, algo que es gravísimo, porque podría suponer daños irreparables en el entorno ambiental de Tabernas".

La secretaria general del PP-A, Dolores López, también se hizo eco del recuento y acusó a la presidenta andaluza, Susana Díaz, de "incumplir" su compromiso sobre la permanencia en la Junta de los altos cargos imputados y recriminó a Ciudadanos que "mire para otro lado" con los "nuevos" casos conocidos en los últimos días. "Ya son cinco los altos cargos del Gobierno andaluz que están imputados, nada nuevo, aunque la presidenta Susana Díaz dijo que no habría ningún imputado en la Junta", señaló la dirigente popular en rueda de prensa.