El Constitucional admite el recurso de Andalucía contra la ley de costas

Un nuevo litigio se debatirá en el Tribunal Constitucional desde Andalucía. El pleno del TC ha admitido a trámite varios recursos de inconstitucionalidad planteados contra varios artículos de la Ley de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley de Costas de 1988 presentados por el PSOE y por las comunidades autónomas de Andalucía, Asturias y Canarias.

Según publica el Boletín Oficial del Estado, por providencia del 8 de octubre, el pleno del TC acordó admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad contra varios apartados del artículo primero y la disposición transitoria primera presentado por el Gobierno andaluz. Sin embargo, el Alto Tribunal no se pronuncia sobre los recursos del País Vasco y Cataluña, que también recurrieron la norma estatal por entender que la nueva ley de costas vulnera sus competencias.

Las cinco autonomías, cuyas costas suponen más de la mitad del litoral español, también se opusieron a la ley de costas -aprobada en mayo pasado con los únicos votos a favor del PP- al considerar que antepone los intereses privados a los públicos.

El PSOE también basó la argumentación jurídica de su recurso en que la nueva legislación privatiza y rebaja el nivel de protección del ecosistema litoral. El mismo día en que presentó su recurso, el PSOE anunció la preparación de una nueva ley de costas cuando vuelva a gobernar.

Según el PSOE, el Gobierno de Mariano Rajoy ha optado "por la ocupación sin límite del litoral, a convertirlo en un espacio de negocio cuando debería ser la primera barrera que garantizase la seguridad ambiental de la ciudadanía".

La Junta formalizó en septiembre su recurso, centrado en una decena de preceptos de la norma, por considerar que supone un "ataque frontal" a la protección del dominio público marítimo-terrestre y a las competencias autonómicas. Se pretende primar intereses particulares, favorecer la privatización del litoral, limitar su uso público, reducir el papel garantista de la administración y promover desarrollos urbanísticos insostenibles.