Costas amnistía a Málaga, Isla Cristina y Punta Umbría

Las barriadas de El Palo y Pedregalejo, en Málaga, y la zona de ría de Punta Umbría y Caños de Cepo y el casco urbano de Isla Cristina, en Huelva, han sido amnistiadas dentro de la Ley de Costas cuya tramitación parlamentaria culminó ayer en el Congreso de los Diputados, que le dio luz verde. El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, afirmó que la nueva normativa recoge instrumentos más potentes que evitarán "barbaridades" que se cometieron al amparo de la norma de 1998, como la del Algarrobico.

En Málaga, pese a la amnistía, los vecinos de El Palo y Pedregalejo prefieren mostrarse cautos hasta que no conozcan con más detalle la nueva ley. El presidente de la asociación de vecinos de Pedregalejo, Antonio Delgado, dijo ayer que "no queremos dar saltos de alegría hasta que no leamos exactamente lo que se ha aprobado". En estos dos barrios de Málaga resultarán beneficiadas con la nueva norma 400 viviendas. Delgado explicó que "si se mantiene el proyecto inicial es positivo porque se hará el deslinde para desafectar las viviendas y al fin pasen a manos de los vecinos". Para Santiago González, vocal del colectivo vecinal de El Palo, "en principio se cumplen nuestras expectativas".

En la nueva ley se prohíben nuevas edificaciones en el litoral, tanto en el dominio público marítimo terrestre (ribera del mar y de las playas), como en su zona adyacente de servidumbre de protección. Se mantiene la prohibición de la edificación residencial en la costa, y se refuerza con mecanismos específicos preventivos, prohibiendo también que las obras de mejora impliquen aumentos de tamaño, altura o superficie.

La norma excluye núcleos de población (no los amnistía porque ya eran legales) del domino público terrestre porque son terrenos de núcleos urbanos, habitados desde antes de 1988, que afectan en su mayoría a viviendas sencillas de barriadas populares, no a hoteles o empresas.

Como han venido haciendo durante todo el proceso de tramitación de la ley, las organizaciones ecologistas arremetieron contra el resultado final. WWF advirtió del "retroceso" de cuarenta años en la protección del litoral porque, a juicio del responsable del programa marino de la organización, José Luis García Varas, la nueva norma "desprotege ecosistemas muy sensibles desde el punto de vista medioambiental como son las zonas dunares, lagunas o las marismas". García Varas criticó que la ley "reduzca la zona de protección a 20 metros".

Mientras, ocho activistas de Greenpeace fueron detenidos tras protagonizar una protesta en el Congreso, cuando un pequeño grupo escaló por los andamios de la fachada para desplegar una pancarta en el tejado del edificio, en pleno debate de la reforma de la ley. Los detenidos fueron conducidos a la Audiencia Nacional para ser interrogados por el juez Javier Gómez Bermúdez por un delito contra las instituciones del Estado, en una acción que ha generado una polémica entre los sindicatos policiales a raíz de las palabras del presidente del Congreso, Jesús Posada, que admitió "fallos de seguridad" en la Cámara Baja.