"Es muy negativa, genera más tensión". "Los problemas hay que abordarlos con trabajo, no con una ley sacada de la chistera". Éstas son algunas de las valoraciones que el presidente del Consejo de Participación de Doñana, Miguel Delibes, ha dedicado este lunes a la ley de nuevos regadíos que comenzará a tramitarse el miércoles en el Parlamento andaluz. Junto a Delibes, los representantes de la comunidad científica en este organismo de participación social se han mostrado en contra de esta ampliación de unas 700 hectáreas de riegos situados en las cercanías del espacio natural de Doñana. El consejero de Medio Ambiente, Ramón Fernández-Pacheco, se ha encargado de defender el proyecto, con el argumento de que el Ministerio de Transición Ecológica se niega a crear una comisión bilateral para abordar el asunto.

El PP y Vox llevan este miércoles a la Cámara andaluza su iniciativa para legalizar nuevos riegos cerca de Doñana. Aunque la futura ley subraya que el agua no podrá sacarse del acuífero, sino de riegos superficiales, la oposición sigue siendo la misma que en la pasada legislatura: tiene en contra a la comunidad científica, a la Estación Biológica de Doñana, al Ministerio de Transición Ecológica, a la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea y a todos los partidos de izquierdas, incluido el PSOE.

El posicionamiento de Migue Delibes tiene su importancia por el prestigio que atesora este biólogo que fue director de la Estación Biológica, el centro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Delibes recibió hace un año la Medalla de Andalucía de manos del presidente de la Junta, Juanma Moreno, cuyo partido promueve esta ampliación.

El actual director de la Estación Biológica, Eloy Revilla, fue más crítico que Delibes, y acusó a la ley de "crear falsas expectativas". La iniciativa de PP y Vox legaliza como regadíos unas 700 hectáreas que se quedaron fuera de una ampliación anterior, de 2014, pero supedita su riego al agua que le llegue de superficie. El Gobierno andaluz, por tanto, no tendría la competencia de concederles el agua -sí el permiso para utilizarla-, ya que debe ser suministrada por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, a través del trasvase desde la cuenca del Odiel, Tinto y Piedras. La ley de este trasvase, que permite derivar 19,9 hectómetros cúbicos, no incluye nuevas concesiones.

El Consejo de Participación de Doñana se ha reunido en Almonte, a tan sólo dos días de la tramitación del proyecto legislativo. Eloy Revilla ha descrito un panorama muy grave del estado del acuífero y de las lagunas que se alimentan de éste. "La explotación actual del acuífero no es sostenible", ha advertido el director de la Estación Biológica, quien ha detallado que se extrae más agua de la que la naturaleza repone. 

Hay que tener en cuenta que, en la actualidad, el mismo acuífero que nutre a Doñana se emplea para riegos agrícolas, para Matalascañas y para un campo de golf. Desde el año 2004, la superficie de regadíos que hay junto al parque ha crecido un 30%. Ahora hay 3.543 hectáreas, cuando a principios de la década se contaban 2.162 hectáreas.

Fruto del conjunto de las extracciones, el 60% de las lagunas de agua dulce del parque no se llenan desde 2013. Un 20% de las que existían en 1985 se han perdido de modo definitivo, porque su vaso lagunar ha sido conquistado por especies arbóreas que no son propias de las zonas húmedas. Esto es, que el monte se ha comido a las lagunas por falta de agua.

Estas lagunas se llenaban gracias al acuífero, ya que su suelo es arenoso y la capa freática era casi superficial. La descripción de Eloy Revilla se basan en el anticipo de una tesis doctoral, que ha sido publicado en el Science of the Total Enviroment, firmada por los investigadores Carmen Díaz-Paniagua, Miguel de Felipe y David Aragonés. Han estudiado la evolución de las lagunas que había en el parque en 1985 a través de las imágenes aportadas por los satélites, y la conclusión es que el 60% no se llena desde 2'13.

Dos de las tres lagunas más estables, las de El Sopetón y la Dulce, se secan de modo constate, y la tercera, Santa Olaya, que es la mayor, ha sufrido la sequía de estos años. La publicación concluye que el bajo nivel del acuífero es el responsable, con independencia de la evolución que haya sufrido el clima en estos años. 

El consejero Ramón Fernández-Pacheco se ha afanado por defender sus planteamientos de que el acuífero no será tocado, al que ha añadido la supuesta falta de voluntad del Ministerio de Transición Ecológica para alcanzar un acuerdo en una mesa bilateral. Su titular, Teresa Ribera, alertó en este diario que la Comisión Europea podría retener fondos si España permitía una mayor afectación de Doñana. 

No obstante, su Ministerio ya ha anunciado que presentará un recurso ante el Tribunal Constitucional si la ley de PP y Vox sale adelante. En ese caso, el presidente del Gobierno tiene la potestad de suspender la ley mientras el tribunal decide. La Comisión Europea también ha advertido a España de que hay una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que condena al país por no garantizar el acuífero de este espacio natural.

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, ha llamado este lunes a todos los agentes que intervienen en Doñana a entender que "si no se habilita un gran espacio de consenso" se colocará a este espacio natural en "una situación irreversible". La respuesta la ha dado el secretario de estado de Medio Ambiente, Hugo Morán. Ha insistido en que se trata de "corregir un déficit que no se tuvo en cuenta en su momento" y entiende que "por aquí debería haber empezado todo; no se debería venir al Consejo de Participación de Doñana a hablar de hechos consumados sino que debería abrirse un proceso de diálogo previo para que el conjunto de los agentes que tienen presencia en este foro puedan decidir sobre el presente de Doñana".