El juzgado de Mercedes Alaya, que investiga el escándalo de los ERE fraudulentos, ha decretado el embargo de la indemnización por el despido de la empresa González Byass del ex consejero de Empleo Antonio Fernández para hacer frente a la fianza de responsabilidad civil que por importe de 807 millones de euros se fijó tras su imputación en la causa.

Un decreto del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla recuerda que el 30 de noviembre de 2011 se fijó una fianza de responsabilidad civil para el ex consejero por importe de 807.403.232,44 euros para cubrir las posibles “responsabilidades pecuniarias” derivadas de su imputación en el caso de los ERE fraudulentos.

La resolución señala que se ha recibido una comunicación de la compañía de seguros Generali, en la que informa al juzgado de que se recibió un escrito de Antonio Fernández en la que solicitaba la devolución de la aportación que le correspondía por el despido de González Byass, en su condición de asegurado del contrato de seguros colectivo de vidas suscrito por la empresa.

El juzgado señala que de esa comunicación se desprende que el imputado es “beneficiario de cantidad líquida”, por lo que acuerda decretar el embargo sobre la indemnización que por despido le corresponde a Antonio Fernández.

El ex consejero de Empleo Antonio Fernández quedó en libertad provisional en agosto del año pasado