De nuevo el miedo a las consecuencias económicas que un bloqueo definitivo a la llegada del metro de Málaga en superficie hasta el Hospital Civil tendría para el proyecto en su globalidad, para la Junta de Andalucía en particular; de nuevo la sombra de los 830 millones con los que podría verse obligada la Administración regional a compensar a la empresa concesionaria... Éste es el principal argumento que tiene sobre la mesa la Consejería de Fomento en el intento casi desesperado de liberar el tranvía a la zona norte de una más que previsible negativa por parte del Ayuntamiento de Málaga.

A menos de una semana para que el alcalde, Francisco de la Torre, cumpla el plazo que tiene para emitir una respuesta oficial al proyecto constructivo de la prolongación del ramal procedente de Carretera de Cádiz hasta el Civil, el consejero de Fomento, Felipe López, se agarró ayer nuevamente a los peores augurios económicos como argumento para variar el rechazo continuo expresado por el mandatario municipal. Una oposición la del regidor del PP que contrasta con el aval que él mismo dio a la llegada de los trenes a ras de calle al firmar el protocolo de intenciones de noviembre de 2013, desbloqueando el escenario de parálisis en el que se encontraba el proyecto del suburbano.

Todo lo que no sea culminar la red según lo acordado hace más de dos años supondría "una factura en término de gasto insostenible", que pondría en riesgo el conjunto de la red. Si bien el titular de Fomento no puso números a la afirmación, el propio contrato existente con la concesionaria fija la dimensión del escollo, pudiendo alcanzar los 830 millones de euros.

López confió en que la posición final del alcalde sea "razonable" y que "la sensatez acabe imperando". "El metro es un proyecto de ciudad y no es el resultado de la calentura de alguien". En este punto, fue claro al indicar que de ponerse los intereses de la ciudad por encima de cualquier otra circunstancia "la decisión debe ser clara".

López, como viene haciendo desde hace meses, en los que De la Torre ha subrayado su oposición frontal a que el metro llegue en superficie hasta la trasera del Hospital Civil, volvió a recordar los compromisos adquiridos tanto por la Junta como por el propio Consistorio con terceros, en referencia al Banco Europeo de Inversiones y a la propia concesionaria. A ambos actores se les garantizó, mediante los acuerdos oportunos, la terminación a mediados de 2018 de la red del ferrocarril urbano con una doble variante: soterrado, hasta la estación Atarazanas, en la Alameda Principal, ya en obras; y en superficie, por Hilera, Santa Elena, Eugenio Gross y Blas de Lezo.

"Si paralizar ese ramal hasta el Hospital Civil no tuviera ninguna consecuencia negativa para el conjunto del proyecto, a lo mejor se podía considerar, pero el problema es que, aparte de los perjuicios de cara a privar a muchos ciudadanos de una movilidad sostenible, se genera una factura en término de gasto insostenible, que pone en riesgo el conjunto del proyecto", incidió.