El GIL gastó 1,1 millones en un plan de vivienda social que nunca se ejecutó

Jesús Gil enfiló su segundo mandato en el Ayuntamiento de Marbella con la promesa de levantar viviendas sociales para jóvenes y familias desfavorecidas. En 2002 la empresa municipal Gerencia de Compras y Contratación, utilizada por el gilismo para sortear el control público, pagó 1,1 millones de euros al estudio M&M Building Workshop, vinculada al arquitecto Carlos Monteverde, para que se ocupara de la redacción del proyecto básico de 168 casas en Arroyo Primero. Catorce años después, el Tribunal de Cuentas confirma que se trató de una operación irregular. "El terreno sobre el que se iban a construir las viviendas no era urbanizable según el PGOU vigente, por lo que la obra no podía realizarse y no se realizó", subraya el órgano fiscalizador en una sentencia dictada el pasado 14 de julio.

El Tribunal de Cuentas condena por alcance contable al gerente de Gerencia de Compras y Contratación, Antonio Calleja, que ya suma una sentencia de cuatro años de cárcel en el caso Saqueo II y otra de dos años en el caso Fergocon, en el que también fue condenado el abogado y ex presidente del Sevilla, José María del Nido.

La discutible operación de vivienda social del gilismo nunca ejecutada se planeó cuando era concejal delegado de Gerencia de Compras y Contratación Victoriano Rodríguez, fallecido en 2009, y también considerado responsable de alcance contable.

El tribunal acuerda que los 1,1 millones de euros pagados al estudio más los intereses correspondientes sean restituidos tanto por el concejal Antonio Calleja, como con cargo a la herencia del fallecido Victoriano Rodríguez. En este caso se trata de un legado yacente, puesto que sus herederos no lo han aceptado.

Esta causa por irregularidades contables tiene grandes similitudes con los protagonistas y el modus operandi desplegado en el caso Saqueo II, en el que fueron condenadas 11 personas por el desfalco de 37 millones de euros de las arcas públicas, entre ellas Juan Antonio Roca, el hombre fuerte del urbanismo del GIL, el ex alcalde Julián Muñoz, varios concejales y el arquitecto Carlos Monteverde.

La malversación en esa causa juzgada por la Audiencia Nacional y con sentencia firme del Tribunal Supremo, se produjo, fundamentalmente, a través de deudas ficticias que asumía el Ayuntamiento o contratos por obras y servicios inexistentes. En ese juego tuvo un papel estelar el arquitecto al que se le pagaron facturas por proyectos que nunca llegó a ejecutar o, a lo sumo, consistían en copias exactas de otros.

La sentencia por alcance contable también condena a Antonio Calleja por su responsabilidad durante su etapa al frente de Gerencia de Compras y Contratación por el pago de otras tres facturas vinculadas a proyectos nunca ejecutados. En uno de estos casos, se abonaron 78.447 euros a un arquitecto de la firma Arquitectura, Ingeniería y Urbanismo para que redactara el proyecto del recinto de ferias y exposiciones en Arroyo Primero. El acuerdo con el estudio se firmó el 14 de enero de 2002 y contemplaba honorarios por importe de 123.000 euros y la advertencia de que se debería pagar el 30% de la suma pendiente de ejecutar si el contrato se rescindía. Enseguida, el Ayuntamiento decidió cambiar la localización del proyecto, de modo que el 18 de julio de 2002, o sea seis meses después, abonó a la empresa 67.650 euros, que corresponden al 55% de la minuta pactada, más 10.824 euros en concepto de IVA.

Esta misma empresa recibió otros 23.200 euros por la redacción del proyecto de reforma y adaptación del antiguo edificio de la Mancomunidad como residencia de ancianos. La iniciativa se adjudicó el 20 de noviembre de 2001 y ese mismo día Arquitectura, Ingeniería y Urbanismo recibió el dinero a cuenta de la liquidación definitiva de los honorarios totales. Nunca llegó a presentar ningún estudio ni anteproyecto.