El Gobierno andaluz busca en la UE amparo a su decreto antidesahucios

El Gobierno andaluz ha activado toda su maquinaria para intentar neutralizar cuanto antes los efectos de la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) contra el decreto ley antidesahucios que prohíbe a la Junta expropiar viviendas vacías a las entidades financieras. Con miras a obtener el amparo de la Justicia europea, el Ejecutivo que preside, en funciones, Susana Díaz, ya ha puesto en manos de sus servicios jurídicos el contenido del fallo del TC -una sentencia "compleja, con más de 62 folios y cuatro votos particulares", recordó ayer la consejera de Fomento y Vivienda, María Jesús Serrano- por si es viable un recurso en Estrasburgo que termine dando la razón a la Junta.

Serrano avanzó esta intención del Gobierno autonómico, que "respeta la sentencia del Constitucional pero no la comparte". "Decidiremos lo que proceda en Derecho", dijo la consejera, que abundó en que "es todo lamentable, pues además es una sentencia con cuatro votos particulares, uno de ellos de la vicepresidenta del TC, por lo que no ha habido unanimidad". Contra el fallo del Alto Tribunal no cabe recurso en España "pero sí podría caber recurso de amparo ante Estrasburgo, algo que se está valorando y estudiando", indicó Serrano.

La idea de la Junta es "ver cómo podemos paliar las consecuencias de esta sentencia, que recoge cuestiones de forma, que posteriormente, cuando se tramitó la Ley de Función Social de la Vivienda, creemos que se subsanaron, y cuestiones de fondo, como es la expropiación del uso".

Serrano, que reiteró ayer su petición al Gobierno para que retire el recurso que también presentó contra la Ley de la Función Social de la Vivienda, arremetió contra el Ejecutivo de Rajoy, que vuelve a demostrar que "no apuesta por una política de ayuda a los más necesitados". La consejera recriminó al PP que "saliera a congratularse y celebrar esa sentencia, cuando eso es lamentable, pues es ponerse en contra de los más desfavorecidos y mas humildes. No hay cosa peor en esta vida para alguien que estar a punto de perder su vivienda, y el Gobierno debería ver esa realidad", lamentó Serrano.

Desde las filas del Gobierno central, su delegado en Andalucía, Antonio Sanz, replicó a la consejera que lo que la Junta debe hacer es "abandonar la demagogia" una vez conocido el fallo del TC, al tiempo que le pidió que ponga en valor la parte de viviendas que tiene vacías. Sanz insistió en que la sentencia del Alto Tribunal representa "la mejor garantía para ofrecer seguridad jurídica y para ayudar a las familias frente a los desahucios". El PP entró en liza a través de su portavoz en el Parlamento, Carlos Rojas, quien recordó que su formación ya advirtió al Gobierno andaluz y al PSOE-A que el decreto ley era fruto de "la demagogia, el populismo y la confrontación" y que sería frenado por el TC.

Por su parte, el PSOE reclamó a Rajoy, que "si ha entendido algo de los malos resultados" electorales obtenidos por el PP el pasado 24 de mayo, "retire" del Constitucional el segundo recurso que presentó el Gobierno contra la normativa andaluza antidesahucios. La petición la hizo el secretario de Política Federal del PSOE, Antonio Pradas. El PSOE pedirá en el Congreso que el Gobierno retire el recurso.