El Gobierno se plantea reducir la peonadas del subsidio agrario si se certifica la sequía

El Gobierno se plantea reducir de 35 a 20 el número de peonadas necesarias para acceder al subsidio agrario en Andalucía y Extremadura "si se certifica" la sequía, para compensar la pérdida de jornales. "Nadie quedará desprotegido del derecho del subsidio agrario (el antiguo PER) si las circunstancias de producción son peores por la situación meteorológicamente adversa o por la sequía", subrayó la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, durante el Pleno del Congreso, donde recordó que la medida ya se aplicó en 2013 y 2015.

La ministra respondió así a una pregunta del diputado socialista Antonio Pradas sobre las medidas del Gobierno para compensar la merma de trabajo como consecuencia de la falta de lluvias. Pradas criticó la actuación del Gobierno y señaló que otros ejecutivos redujeron las peonadas en periodos de sequía. "Lo hizo Felipe González, lo hizo José Luis Rodríguez Zapatero o incluso José María Aznar, que era partidario de acabar con el subsidio", sostuvo el diputado socialista, que incidió em que algunos aforos de producción como el de la Junta de Andalucía, apuntan a que en 2017 habrá 900.000 jornales menos por la sequía: "¿A qué esperan? Pasen de las palabras a los hechos".

Báñez profundizó sobre el asunto en la interpelación que le ha hecho el diputado de Unidos Podemos Diego Cañamero, quien le pidió la eliminación total de las peonadas, la reducción de las cotizaciones a la Seguridad Social y una mejora de la pensiones, así como más fondos para el Plan de Fomento del Empleo Agrario (Profea).

La ministra reiteró que los eventuales agrarios necesitan protecciones "especiales", pero cree necesario "ser rigurosos" con la ley y esperar a que se certifique "formalmente" el nivel de bajadas de la producción por la sequía. Sobre el Profea, aseguró que el Gobierno está comprometido con ello, "incrementándolo todo lo que hemos podido". En cuanto a las pensiones de los jornaleros, la ministra indicó que el porcentaje de retención a los asalariados pertenecientes al sistema general es del 28,3%, mientras que a los jornaleros se les aplica "un 11% y, sin embargo, tienen idénticas prestaciones", algo que se debe a la "solidaridad" con este sector derivada del Pacto de Toledo.