La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que investiga para la juez Alaya el escándalo de los ERE, ha anunciado a la instructora que realizará un futuro informe en el que está indagando si otras entidades de la Administración andaluza han podido incurrir en "posibles irregularidades".

En un oficio remitido por la Guardia Civil el pasado 27 de junio a la titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, los investigadores anuncian que las áreas donde se pretende avanzar en las pesquisas policiales se centran en el "funcionamiento de las distintas consejerías de la Junta de Andalucía, concretamente de aquellas que tuvieron adscrita" al IFA o a la Agencia IDEA, así como las que participaban "de algún modo en la elaboración del presupuesto" de esta empresa pública, en el mantenimiento del programa 31L, más conocido como el "fondo de reptiles", y en las distintas modificaciones presupuestarias.

La Guardia Civil asegura que "igualmente se plasmará, en un futuro informe, cómo las distintas entidades de la Administración Pública andaluza se relacionaban entre sí en estos aspectos, con el fin de observar posibles irregularidades, si las hubiere", precisa el oficio.

La UCO considera de "especial interés" el factor de control desarrollado por la Intervención General de la Junta de Andalucía, porque "entender este trabajo de fiscalización, permitirá comprender de una manera muy aproximada cómo se habría podido salvar esta labor de control, ya no sólo en relación al gasto sino también en todo lo referente a presupuestos y modificaciones de éstos".

El oficio de la Guardia Civil viene acompañado de la declaración de 14 testigos, entre ellos algunos de los que ahora han sido imputados por la juez Alaya, como los ex secretarios general de Hacienda Antonio Estepa Giménez y Buenaventura Aguilera Díaz, además de algunos interventores de la administración andaluza. Estas declaraciones, continúa la Guardia Civil, "han arrojado luz a muchos aspectos" investigados y pueden constituir una "fuente de información relevante para la instrucción".

La Guardia Civil señala que en la actualidad está desarrollando diversas líneas de investigación tendentes a esclarecer los hechos investigados en estas diligencias y recuerda que en los últimos meses ha profundizado en la actividad desarrollada por "distintos actores protagonistas en el perfeccionamiento de la presunta actividad ilícita investigada, tales como mediadoras, asociaciones de trabajadores, aseguradoras o despachos de abogados".

La juez Mercedes Alaya tomará precisamente este jueves declaración al abogado Carlos Leal Bonmati, que dirige el bufete de Estudios Jurídicos Villasís, y que permanece imputado desde marzo pasado, cuando se desarrolló la operación Heracles, en la que fueron detenidas 22 personas relacionadas con el cobro de sobrecomisiones vinculadas a las pólizas de prejubilaciones de trabajadores que eran financiadas con fondos públicos de la Junta de Andalucía. Esta declaración se produce después de que hace sólo unas semanas la juez enviase a prisión al dueño de la mediadora Uniter, José González Mata, imputado por nueve delitos.