Un amigo del ex director general de Trabajo y Seguridad de la Junta Francisco Javier Guerrero Benítez aseguró ayer a la juez Mercedes Alaya, que investiga las irregularidades relacionadas con los ERE y el cobro de ayudas ilegales, que con los 314.000 euros que percibió de una "renta de supervivencia" que le fue concedida se quitó la hipoteca que pesaba sobre su piso y arregló la casa de El Pedroso, que estaba "prácticamente en ruinas".

Antonio Arquero García, el nuevo imputado que compareció en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, admitió que le pidió al entonces director de Trabajo, del que era amigo "de verse en el bar y tomarse unas cervecitas" desde hace 40 años, que "le hiciera gestiones para informarse" sobre las ayudas. El imputado consideró que "tenía derecho" a percibir estas prestaciones, a pesar de que no solicitó ninguna ayuda por escrito y no estaba incluido en ningún Expediente de Regulación de Empleo (ERE). Según el imputado, creía que tenía derecho a esa ayuda porque había estado trabajando desde que tenía 14 años en la minería y porque estaba "afectado por las radiaciones de uranio a las que estuvo expuesto durante ocho años", desde 1973 a 1981.

El pensionista añadió que su último empleo fue en 2000 en el Ayuntamiento de El Pedroso, donde trabajó como taquillero en la piscina municipal. Antonio Arquero, de 63 años, recibía una renta mensual de unos 2.600 euros, cantidad a la que se sumaban otros 742 euros de su pensión de incapacidad, y además compatibilizó estas ayudas con otra actividad laboral, al igual que ocurrió con otros perceptores de ayudas que han comparecido ante la juez Alaya. El pensionista relató a la juez que estuvo dado de alta en el régimen de autónomos de 2004 a 2008, dirigiendo una empresa de perforaciones de su mismo nombre que tenía uno o dos empleados.

El imputado aseguró a la juez que no recuerda la facturación de la empresa durante esos cuatro años ni los ingresos mensuales que pudo percibir por esta actividad, puesto que, según dijo, la empresa fue "un desastre". Cuando la juez Alaya le preguntó por qué continuó con la empresa durante esos cuatro años si se trataba de un desastre de negocio, el imputado aseguró que lo hizo "por tradición, un gen que tienen todos los mineros", y añadió que para montar este negocio sólo tuvo que invertir 1.200 euros.

Antonio Arquero admitió en su declaración que ha hablado con su amigo Francisco Javier Guerrero de la situación creada por el escándalo de los ERE y precisó que el ex director de Trabajo "le ha dicho que no pasa nada" ni le ha manifestado nada sobre la legalidad de la ayuda. También señaló que hasta ahora la Junta no le ha reclamado las cantidades que ha recibido.