Los socialistas dejan el pleno tras varias invitaciones de la alcaldesa después de un crudo cruce de reproches entre ambas partes

El pleno del Ayuntamiento de Bormujos (Sevilla), gobernado por la popular Lola Romero junto con Vox, ha abordado en su última sesión ordinaria, el escrito en el que la Fiscalía pide cuatro años de cárcel para la exalcaldesa popular Ana Hermoso, por presunta malversación al abonar a la plantilla municipal una supuesta "productividad injustificada" destinada a "eludir" intencionadamente la supresión estatal de la paga extraordinaria de Navidad de 2012, detectando que los trabajadores recibieron un "doble ingreso" una vez revertida dicha eliminación.

En concreto, ya avanzado el pleno, la alcaldesa ha "dado la oportunidad" a los socialistas de pronunciarse sobre el asunto a cuenta de sus publicaciones en Internet, toda vez que el PSOE, como denunciante del caso, esgrime unas declaraciones públicas en ese sentido del socialista Francisco Molina cuando era alcalde del municipio, periodo en el que el abogado contratado por el Ayuntamiento para ejercer la acusación particular en el asunto "tenía instrucciones para defender exactamente" la tesis de que el asunto no debía derivar en la obligación de que los empleados devuelvan el dinero de las citadas productividades y que había que "pedir responsabilidades exclusivamente a la por entonces alcaldesa del PP".

La socialista Margarita Beltrán, ante ello, advertía de que si la alcaldesa proponía tal extremo, debía haberlo introducido en el orden del día de la sesión plenaria, avisando de que en la misma no figuraba este asunto, aviso que ha repetido reiteradamente.

Tras insistir la alcaldesa en su planteamiento, y ya en un agrio cruce de declaraciones entre la edil del PSOE y la regidora, Margarita Beltrán señalaba la necesidad de que el secretario municipal informase sobre si estaba sucediendo "una ilegalidad" respecto al orden del día.

Al recrudecerse el enfrentamiento verbal, el secretario ha manifestado que "si la alcaldesa hace una manifestación a título informativo no hay ninguna ilegalidad" porque es precisamente en el pleno donde debe hacerlo, señalando que no le corresponde a él "participar" del "jaleo" en el que se habían enfrascado los ediles del PP y del PSOE.

La refriega política ha continuado con un intercambio de recriminaciones entre ambas partes, invitando varias veces la alcaldesa a los socialistas a abandonar el pleno si no les "interesaba" el asunto o no estaban "de acuerdo" con el mismo.

EL PSOE ABANDONA EL PLENO

Finalmente, los concejales del PSOE, entre los que no figuraba el exalcalde Francisco Molina, se han levantado de sus asientos y han abandonado la sesión, tras lo cual el concejal del PP Luis Paniagua les acusaba de "huir" y "esconderse" del problema a cuenta del posible impacto de la causa en las cuantías cobradas por los empleados públicos, pues la Fiscalía detecta un "doble ingreso" a su favor.

Al respecto, Paniagua ha dicho que el PSOE, en sus años de gobierno, contrató a un abogado ajeno al Ayuntamiento para este asunto judicial para "ocultar" esta denuncia que deja a la plantilla en "una situación compleja", porque a su entender los trabajadores pueden tener que "responder de manera solidaria" de la cuantía de 169.678 euros reclamada a la exalcaldesa popular. En ese sentido, ha defendido que el Gobierno local ha puesto la documentación de la causa judicial "a disposición" de toda la plantilla, lamentando que el "denunciante no haya dado la cara y sus compañeros hayan huido".

Además, ha dicho que el Ayuntamiento actuará"con claridad y transparencia" y que en el proceso judicial se adherirá al posicionamiento de la Fiscalía, con el deseo de que el procedimiento "termine bien para los trabajadores".

EL ESCRITO DE LA FISCALÍA

En el escrito de acusación de la Fiscalía, emitido el pasado 26 de septiembre, adelantado por la edición andaluza de ElDiario.es y recogido por Europa Press, se detalla que los hechos se remontan a 2012, cuando la popular Ana Hermoso era la alcaldesa de Bormujos, año en el que el entonces Gobierno central del popular Mariano Rajoy promulgó un decreto ley suprimiendo la paga extraordinaria de Navidad de ese año para los empleados de todo el sector público, en el marco de las intensas medidas de austeridad implantadas por los populares ante las consecuencias de la gran crisis financiera mundial desencadenada a partir de 2008.

Merced a dicho decreto ley, según indica la Fiscalía, la ley de Presupuestos Generales del Estado de ese año pergeñada por el Gobierno central del PP dispuso que para el ejercicio en cuestión, las retribuciones del personal del sector de las administraciones públicas no debían experimentar incremento alguno respecto a las de 2011, extremo aplicable a todos los conceptos "salariales y extrasalariales, así como a los gastos de acción social"."CLARA INTENCIÓN DE ELUDIR LAS NORMAS"

En ese marco, según el Ministerio Público, la acusada "con la clara intención de eludir tales normas", ordenó al departamento de personal del Ayuntamiento que creara "un subcomplemento de productividad a partir del cual se abonara a cada empleado municipal entre los meses de julio y diciembre de 2012 una sexta parta de lo que les hubiera correspondido por la paga extra suprimida" por el Gobierno central, dictando ella misma una resolución para "encubrir los pagos fraccionados de la paga de Navidad" y ordenando "el abono a los empleados en concepto de complemento de productividad, no justificada, del importe de la paga extraordinaria ya referida", con un desembolso total de 169.678 euros.

Es más, según la Fiscalía, ya en 2014, cuando el Gobierno central aprobó"la recuperación de los importes dejados de percibir por la paga extraordinaria suprimida", el Ayuntamiento de Bormujos "dictó las oportunas resoluciones por las que desembolsó" otros 119.162 euros en favor de la plantilla municipal y respecto a la paga extra suprimida, con lo que "se produjo un doble ingreso" a los empleados municipales.

PETICIÓN DE CONDENA

Dado el caso, la Fiscalía reclama para Ana Hermoso cuatro años de cárcel y ocho años de inhabilitación absoluta por un presunto delito de malversación, así como cuatro años más de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un presunto delito continuado de prevaricación y la obligación de indemnizar con 169.678 euros al Consistorio "por la cantidad destinada a la productividad no justificada".

La defensa de la exalcaldesa, ejercida por el abogado Manuel Pérez Peña, niega de su lado que tales productividades fuesen una paga extraordinaria "encubierta", destacando que en sus comparecencias judiciales, los funcionarios habilitados nacionales que en aquellos momentos estaban al frente de la Intervención y la Secretaría General del Ayuntamiento de Bormujos avalaron los pagos porque los reparos formales presentados a los mismos eran levantados por el pleno, con el voto a favor de tal extremo de todos los ediles, incluso los del PSOE.

En 2016, recordémoslo, la Audiencia de Sevilla condenó a seis meses de cárcel a Ana Hermoso por un delito de cohecho después de que el empresario Jesús Calvo Soria le regalara un bolso de Loewe en "agradecimiento" a su apoyo a la moción de censura consumada en 2005 en el Ayuntamiento de Bormujos para expulsar al PSOE de la Alcaldía y devolver el poder al independiente Baldomero Gaviño, si bien en 2017 el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) anuló dicha condena y absolvió a Hermoso, dada la prescripción del delito enjuiciado.