Juanma Moreno ha heredado de los gobiernos socialistas que lo han precedido la gestión de una administración con casi 300.000 trabajadores y una bandera autonomista que pasa por reclamar de forma constante una mejor financiación para Andalucía. Este miércoles, en su comparecencia en el Parlamento en un debate sobre la comunidad, ha aplicado esa petición al reparto de los fondos europeos de recuperación, los llamados Next Generation, que comenzarán a llegar en los próximos meses tras el aval de Bruselas. Del total, que se prevé que supere los 72.000 millones de euros, Moreno ha reclamado el 18%, es decir, una cifra que concuerde con la población de Andalucía, lo que supondría unos 13.000 millones para la comunidad.

En agosto de 2020, el Gobierno andaluz aspiraba a un porcentaje mayor, el 32%, aplicando los criterios de PIB per cápita, paro y población, que son los parámetros utilizados por la propia UE para distribuir los fondos entre los países. De hecho, en octubre el Parlamento aprobó una iniciativa para reclamar ese porcentaje, unos 23.000 millones de euros. Nueve meses después,  Moreno matiza esa aspiración y la rebaja a ese 18%, que es la cifra de oro en torno a la cual giran las reclamaciones que Juanma Moreno mantiene en materia financiera.

"El criterio de la población es el más justo, porque son los ciudadanos los destinatarios finales de ese dinero", ha defendido el jefe del Ejecutivo andaluz, que ha afeado al Gobierno central que haya decidido "de manera unilateral" la forma de distribuir el dinero extraordinario de Bruselas. "Nosotros enviamos 151 iniciativas autonómicas con una inversión de 35.480, hay donde elegir", ha insistido Moreno, que ha expuesto su temor a un posible reparto desigual de estos fondos por la "tentación" de conceder "nuevos privilegios para otros territorios".

Moreno ha hecho una defensa a ultranza del uso de ese criterio de población ajustada aunque, ha reconocido, hay compañeros de su partido -en referencia velada a Isabel Díaz Ayuso- que prefieren utilizar el PIB como parámetro, lo que perjudica Andalucía y significa "dar más a los que más tienen". "No vamos a permitir un trato discriminatorio para otros territorios", ha advertido antes de citar a Cataluña, pero también a Madrid o al País Vasco, "sin importar quien gobierne".

El mensaje, más allá de la lectura interna, tiene que ver con el acercamiento del Gobierno de Pedro Sánchez a los independentistas catalanes y fue lo que, según Moreno, le trasladó al presidente en el encuentro que mantuvieron hace unas semanas en La Moncloa. Allí también abordaron la necesidad que tiene Andalucía de que se reforme el modelo de financiación autonómica para acabar con el desequilibrio que viene sufriendo desde hace años y que ha provocado que dejen de llegar más de 10.000 millones en los últimos 12 años.

"Una financiación justa nos permitiría llegar mucho más lejos", ha reiterado el presidente, que ha pedido a la Cámara apoyo para reforzar esta aspiración, que también comparte con su antecesora, Susana Díaz, que este miércoles ha reaparecido en el Parlamento tras su derrota en las primarias del PSOE y ha saludado de forma muy afectuosa a Moreno antes del comienzo del debate. La diferencia, según ha expuesto el presidente de la Junta, es que su Gobierno es "de dicho y hecho", es decir que no se limita, como según él hacían los socialistas, ha levantar "banderas".

Es el discurso del Ejecutivo de PP y Ciudadanos, que Moreno ha intentado defender con el aumento de las cifras de inversión en los últimos dos años. Moreno ha cifrado en 1.800 millones el aumento en sanidad y ha anunciado un plan de innovación de infraestructuras que contará con 850 millones en 2021 y 2022, es decir, que parte ya está consignado en los Presupuestos vigentes. En Educación ha destacado la incorporación de 8.300 maestros y profesores y el avance de la formación profesional, mientras que en políticas sociales ha aludido al récord de beneficiarios de prestaciones de dependencia, que está en 237.600 personas.

La intervención de Moreno ha estado plagada de llamadas al diálogo, pero no ha tenido ningún guiño a sus socios de Vox ni a la situación de inestabilidad que el Gobierno vivió con la caída de la ley del Suelo, la Lista, que volverá a la Cámara en el próximo Pleno, que será el último del periodo de sesiones. Esta norma es una de las apuestas del Ejecutivo de PP y Cs para favorecer la actividad económica con la reducción de trámites y simplificación de normas. Para ello ya aprobaron antes de la pandemia el célebre decreto de simplificación y, en este sentido, Moreno ha anunciado la aprobación este año del plan de mejora de la regulación económica, que abreviará cerca de un centenar de procedimientos administrativos.

Moreno tampoco ha hecho mención a la buena salud de su pacto de Gobierno con Ciudadanos en un momento de tensión para esta alianza por la crisis en el Ayuntamiento de Granada, pero sí ha ensalzado el buen momento económico de Andalucía en los albores de la recuperación de la crisis provocada por la pandemia. Esto, según Moreno, se debe a la "confianza" de los inversores en su Ejecutivo y a decisiones como la bajada de impuestos, que continuará en 2022, y esa reducción de trabas burocráticas.