La Junta zanja el conflicto de Santana y Apra Leven y pagará las prejubilaciones

Las acampadas, encierros y todo tipo de protestas fuera y dentro de las consejerías de Economía y Empleo, el Palacio de San Telmo y el Parlamento de los santaneros y de los prejubilados de empresas que tenían como aseguradora a la quebrada Apra Leven han acabado dando resultado. El Gobierno andaluz les anunció ayer que va a asumir el pago de sus prejubilaciones. Lo hará sin intermediarios, es decir, apartará del proceso a las compañías aseguradoras, y aunque aún no tiene hecho el cálculo de cuánto dinero saldrá de las arcas autonómicas, sí lo tiene de los beneficiarios. Serían el millar de trabajadores de la compañía linarense, otros 300 de las empresas vinculadas a la aseguradora belga Apra Leven, que quebró el pasado año, y 12 de Boliden, quedando pendiente de estudio la situación de otros 58 empleados de Astilleros de Sevilla.

La decisión del Gobierno andaluz tiene sus prolegómenos en la proposición no de ley aprobada por unanimidad en comisión parlamentaria hace una semana, en la que se instaba a la Junta a intervenir para poner fin a la situación dramática de muchos de estos trabajadores. Algunos, como los de Apra Leven, llevan 21 meses sin cobrar nada, pero es más, incluso tienen que afrontar pagos a la Seguridad Social para, llegada su edad de jubilación, poder recibir su pensión.

El paso dado por la Administración andaluza se concretará en una norma, tramitada probablemente como decreto-ley y creada ex profeso para este colectivo, que se aprobará en un Consejo de Gobierno próximo. Según explicó tras reunirse con los tres grupos parlamentarios y con CCOO y UGT, el consejero de Economía, Antonio Ávila, el objetivo es dar carpetazo inmediato a las dificultades administrativas y desbloquear los pagos ante el enorme "esfuerzo material y personal" de estos trabajadores. Eso supone que la Junta da ya por cerradas las negociaciones abiertas con las compañías de seguros.

Con el paso dado, según Ávila, queda probada la "voluntad" de la Junta por atender a estos trabajadores, para quienes se fijará un nuevo procedimiento para que puedan resolverse los escollos para que puedan recibir sus ayudas sociolaborales. Pero también tiene un efecto beneficioso para la clase política. Como bien advirtieron al alimón los portavoces parlamentarios de PSOE e IU, Francisco Álvarez de la Chica y José Antonio Castro, respectivamente, en momentos socioeconómicamente delicados queda demostrado que el Parlamento "es útil".

Los secretarios generales de CCOO y UGT, Francisco Carbonero y Manuel Pastrana, respectivamente, coincidieron en que es una "buena noticia" ante la "desesperación" de muchos de estos trabajadores, y valoraron la acción de PSOE e IU de "empujar" al Gobierno autonómico para tomar cartas en un asunto "enturbiado" por la burocracia. A la espera de ver cómo se concreta el paso dado por la Junta para poner fin a un problema que estaba "eternizándose", la propuesta de las dos centrales es que se acaben con las movilizaciones.

Sin embargo, el responsable de Acción Sindical de CCOO en la provincia de Jaén, Juan Salazar, recibió la noticia con "cautela" y "desconfianza" después de "tantísimos dichos y no hechos". Sostuvo que hasta que no se concrete en norma alguna, seguirán encerrados en la Consejería de Economía, donde permanecen desde hace 24 días, y en el Ayuntamiento de Linares (Jaén) los concejales de la Corporación municipal. "Ya no nos fiamos, una cosa es decirlo a grandes rasgos y otra cumplirlo según lo estipulado en los acuerdos firmados el 14 de febrero de 2011", dijo, asegurando que abandonarán su protesta cuando todo se materialice.