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Andalucía

La Junta publica las exoneraciones de ayudas formativas realizadas por gobiernos anteriores

  • El PSOE-A insiste en que no es partidario de la no justificación de las subvenciones, pero recuerda que son legales. La lista incluye a 1.159 beneficiarios y unos 2.895 expedientes.

El secretario de Organización del PSOE de Andalucía, Juan Cornejo, ha anunciado la publicación de todas las exoneraciones de ayudas a la formación que se produjeron con gobiernos anteriores, "en un ejercicio de transparencia, porque no hay nada que ocultar". "Nosotros no somos partidarios (de las exoneraciones) y por eso no lo va a hacer el Gobierno de Susana Díaz, pero eran legales y queremos que todos las conozcan", ha dicho Cornejo, que ha recordado que la presidenta de la Junta se comprometió a que no se produjera ninguna más y que así ha sido desde que ella ocupó el cargo.

El secretario de Organización de los socialistas andaluces ha subrayado que "exonerar no es ni condonar ni perdonar" y que "simplemente supone trasladar la justificación en el tiempo", pero no por ello -ha insistido- los receptores de esas ayudas "dejarán de tener que justificar hasta el último euro y todas y cada una de las cantidades concedidas para la formación". Cornejo ha destacado que, siendo la exoneración de estas ayudas "una práctica en todo el país y en la norma general estatal", el compromiso de Díaz no solo se cumple al no haberse aprobado ninguna desde que ella es presidenta sino que se ratifica al incluirlo en el anteproyecto de Ley de Formación de Andalucía que aprobará el Consejo de Gobierno.

Tras matizar que las exoneraciones aprobadas "no son secretas", sino que no era obligatoria su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), ha calificado como "acertada" la decisión de la Consejería de hacerlas públicas "para que no se siga especulando con a quién se le dio o se le dejó de dar". Ha recordado que fueron exonerados "cientos de ciudadanos, empresas, colectivos, sindicatos, ONG o profesionales" que pueden incluso haber presentado los documentos de justificación y que la propia administración no fuera capaz de verificarlos "en un proceso en el que había que seguir formando", por lo que se les permitió seguir optando a esas ayudas.

Cornejo ha recordado que los expedientes "se están verificando uno a uno" y que esto no ocurre en otras comunidades donde se utiliza un "sistema de muestreo". "Andalucía es la única comunidad que va a verificar todos los expedientes porque hemos visto cosas que no nos gustan y personas que han hecho cosas que no nos gustan, así que para que no haya ninguna duda se va a revisar el cien por cien de los expedientes, más de ocho mil, uno a uno", ha dicho el dirigente socialista, quien confía en que ese proceso pueda concluir antes de lo previsto.

Preguntado por el caso del secretario de Agricultura del PSOE-A, José Fernández de los Santos, quien según publica El Mundo figura en el listado anexo de beneficiarios de una de las exoneraciones masivas aprobadas por la Junta antes de destaparse el fraude en los cursos de formación, Cornejo ha dicho que "está todo perfectamente justificado" y que "no hay que criminalizar a nadie". "Me ha trasladado, y yo le creo al cien por cien, que no hay absolutamente nada, que todo ha sido legal, que han justificado la subvención, que se dieron los cursos que tuvieron que darse y punto", ha sentenciado el dirigente socialista, que ha recordado que Fernández de los Santos ya no estaba en la empresa cuando se produjo la exoneración. Cornejo ha acusado además al PP de haber estado todo el mes de agosto "haciendo puro teatro" al exigir la convocatoria de un Pleno extraordinario del Parlamento para que la presidenta de la Junta ofrezca explicaciones sobre este asunto, y ha dicho que Díaz "va cada 14 días a la Cámara a hablar de lo mismo".

Las exoneraciones: 1.159 beneficiarios y unos 2.895 expedientes

La resolución del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) sobre exceptuaciones, las llamadas exoneraciones, relativas a ayudas al empleo que concedió en diciembre de 2012, contiene un anexo con 35 folios, donde figuran las entidades, personas físicas y jurídicas beneficiarias, unos 1.159 entes, así como los expedientes afectados, unos 2.895 expedientes, toda vez que algunas entidades poseen varios expedientes. Entre dichas entidades se encuentran personas físicas, empresas de todos los sectores, asociaciones empresariales, sindicatos, ayuntamientos, diputaciones, consorcios o asociaciones sociales, de todas las provincias y zonas de Andalucía.

El Gobierno andaluz apela al fundamento legal de las resoluciones que adoptó entonces el Servicio Andaluz de Empleo, siguiendo las directrices de la normativa reguladora, como es el Texto Refundido de la Ley General de Hacienda Pública, que contemplaba la exceptuación o exoneración "cuando concurran circunstancias de especial interés social". En esta resolución se recuerda que el SAE gestiona programas de subvenciones y ayudas en materia de empleo y cualificación profesional, y en particular el fomento del empleo, la formación para el empleo, orientación e información, prospección, registro de demanda e intermediación en el mercado de trabajo.

En dicha resolución se alude a la "grave crisis económica" que estaba ocasionando "graves problemas de financiación a las entidades beneficiarias, generando dificultades para afrontar los gastos derivados de la ejecución de los proyectos objetos de subvención". Ante tales hechos, en el marco de los principios de buena fe, confianza legítima, eficiencia y servicio a los ciudadanos, la Junta decidió adoptar las medidas arbitradas por el ordenamiento jurídico para garantizar el desarrollo de las acciones en materia de mejora de la empleabilidad. Se apuntaba en la resolución que esas acciones de fomento del empleo y mejora de la empleabilidad eran uno de los objetivos de la acción de Gobierno, "por la que la paralización de las mismas por el retraso en la gestión de los pagos de una subvención ya concedida, generaría un importante perjuicio social a los beneficiarios y graves perjuicios sociales", por lo que se estimaba conveniente exceptuar la limitación prevista en el Texto Refundido de la Ley General de Hacienda Pública.

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