La Junta ha tramitado en el último año un millón de facturas vinculadas a sanidad, educación y servicios sociales, con un importe total de 4.318 millones de euros y una media de tiempo de pago de seis días, según se recoge en la primera memoria anual de la Oficina de Atención a Personas Acreedoras. Andalucía se sitúa así muy por debajo de los 20 días fijados en el decreto que implantó esta garantía de periodo de pago, en vigor desde marzo del 2017.

La titular de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, explicó ayer en el Consejo de Gobierno que la norma "da seguridad a empresas y ciudadanos, refuerza los servicios públicos y asegura la sostenibilidad del Estado del bienestar, consolidando un derecho de nueva generación que no existe en ninguna otra administración".

Los abonos en tiempo reducido han llegado a más de 192.000 empresas y personas, entre proveedores de servicios y perceptores de ayudas directas. El pago a 20 días, por debajo de los 30 que marca el Gobierno, se establece a través de una garantía que, en caso de retraso, permite a las empresas cobrar sus facturas en una entidad bancaria. Durante el año de vigencia del decreto, ninguna empresa ha ejercido este derecho, explicó el portavoz del Ejecutivo, Juan Carlos Blanco.