La Agencia Tributaria de Andalucía (ATA) publicará los ingresos que perciben los registradores de la propiedad a cuenta de la gestión y liquidación de los impuestos de Sucesiones y Donaciones, Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentales en el periodo comprendido entre 1999 y 2016. Así lo ha dictaminado el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, que da la razón a la agencia dependiente de la Consejería de Hacienda y Administración Pública tras rechazar las reclamaciones interpuestas por dos registradores contra la decisión de la ATA de proporcionar esta información referida a tres de los tributos cedidos por el Estado y gestionados por las comunidades autónomas.

Los reclamentes se opusieron a su divulgación amparándose en que vuleraban los derechos a la protección de datos personales y a la intimidad. También esgrimieron que la petición era abusiva, la dificultad de reelaborar al documentación o que el periodo reclamado era previo a a la entrada en vigor a la Ley de Transparencia.

Dos registradores se opusieron al considerar que se vulneraba el derecho a la intimidad

El dictamen del consejo, que es recurrible ante el juzgado de lo contencioso-administrativo de Sevilla en un plazo de dos meses, considera "incuestionable" que la información relativa a la recaudación tributaria y su posteiror utilización "es un eje central de la legislación en materia de transaprencia". A su juicio, conocer los gastos que conlleva la gestión de impustos resulta de "indudable interés", por lo que no hay dudas en su relevancia pública.

Además, insiste en que los datos reclamados no están amparados por la Ley Orgánica de Protección de Datos, ya que no afectan a sexo, ideología, afiliación sindical, religión o creencias.La información se circunscribe única y exclusivamente "al coste que supone para los contribuyentes andaluces" la gestión de estos impuestos. Además, los registradores también estarán obligados a informar del "número de empleados específicamente asignados a las tareas de liquidación" de los tributos.

El Consejo de Transparencia comparte la interpretación de la ATA al considerar que prevalece el interés público de esta información sobre los intereses particulares protegidos por el derecho a la protección de datos personales y por el derecho a la intimidad.