Andalucía

Madrid busca tiempo contra la subasta de medicamentos en el Constitucional

  • El Gobierno recurre otra vez el mismo concepto en menos de un año, mientras informa a la patronal de que también habrá un contencioso para que la suspensión sea más duradera.

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Los temores que la consejera de Salud, María Jesús Montero, expresó en diciembre estaban justificados. El pasado 17 de diciembre, el Tribunal Constitucional levantó la suspensión para que la Junta de Andalucía pudiera adquirir mediante subasta el 50% de los medicamentos genéricos que facilita a través de las farmacias. El Constitucional no encontró razones para seguir con la suspensión después de pasados cinco meses desde que el Gobierno central recurriese este método. No se pronunció en el fondo, pero sí indicó que el Ministerio de Sanidad no había justificado que su plan de ahorro fuese mejor que el de la Junta, que el informe presentado no venía ni firmado y que los andaluces no sufrirían, por ello, discriminación. A pesar de que la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, aseguró que acataría la sentencia, María Jesús Montero se temía alguna maniobra. Y así ha sido: el Gobierno volverá a recurrir una subasta que procuraría a la Junta un ahorro de, al menos, 244 millones de euros anuales. En el momento que el Gobierno presente el recurso, el Tribunal Constitucional suspenderá la norma al menos durante cinco meses, aunque cabe la duda de si los magistrados deberán actuar así después de pronunciarse sobre ello algo menos de un mes.

Dos correos electrónicos conocidos ayer indican que, aunque el Gobierno no esté muy seguro del resultado final, lo que busca es tiempo para que la subasta de la Junta no se produzca. De hecho, el plazo de presentación de propuestas por parte de los laboratorios termina el 18 de enero, que es cuando el Consejo de Ministros puede aprobar la presentación del recurso. En un correo enviado por el director de la patronal de los laboratorios de genéricos (Aeseg), Ángel Luis Rodríguez de la Cuerda, a sus asociados les indicó el pasado 28 de diciembre que la Dirección General de Farmacia le comunicó hacía cuatro días que el Gobierno había tomado esa decisión, por lo que la impugnación produciría una suspensión de cinco meses. La patronal, en otro correo enviado el 2 de enero, juzga que esos cinco meses " es un espacio relativamente corto", por lo que "resulte necesario que el Ministerio impugne también en vía contencioso-administrativo". "De esta forma -sigue Rodríguez de la Cuerda- , una vez que el Constitucional alce la suspensión, se podría intentar una solicitud idéntica ante el contencioso". Y añade entre paréntesis: "Extremadamente difícil, pero no imposible". Parece, pues, a la vista de tales correos, que el Gobierno y la patronal buscan, con este segundo recurso, una maniobra dilatoria para impedir la subasta.

El Gobierno confirmó ayer que presentará, efectivamente, el recurso y, posiblemente, el contencioso-administrativo.

La diferencia de criterios entre la Junta y el Gobierno es que las comunidades autónomas no pueden establecer los precios, pero la Consejería de Salud lo que busca en las subastas son otras ventajas económicas. Por ejemplo, rebajas o entregas de lotes de otros medicamentos de los mismos laboratorios para los principios que compara para los hospitales. En la actualidad, además, hay una ley estatal que obliga a comprar el genérico que se venda al mejor precio. La ventaja es, pues, de otro tipo, no la del coste de la venta.

Para María Jesús Montero, el Gobierno "ya estaría entrando en figuras jurídicas de abuso de derecho y de desviación de poder, porque lo que no se puede es tener entretenidos a los tribunales con cuestiones sobre las que ya se han pronunciado y dado su opinión, aunque no haya entrando en el fondo de la cuestión". "Es decir, pretenden ganar tiempo para que los laboratorios no se presenten a nuestra subasta, a la par que al Gobierno central le pueda dar tiempo para hacer una norma básica que, finalmente, haga imposible que se pueda seguir adelante con la subasta, que nos permitiría unos ahorros anuales de 200 millones de euros", ha avisado Montero. "Los tiempos están perfectamente medidos y hay un dictado al gobierno por parte del lobby farmacéutico para que se favorezca la protección de sus intereses", zanjó Montero en unas declaraciones a Europa Press.

El 95% de los medicamentos que se adquieren en las farmacias con recetas del SAS son genéricos, aunque cada uno de ellos pueden estar sintetizados por varios laboratorios.

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