Un total de once asociaciones vecinales y sociales del distrito Bellavista-La Palmera han solicitado al Ayuntamiento de Sevilla, gobernado por el popular José Luis Sanz, que suspenda provisionalmente la tramitación de la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) correspondiente a la reordenación de los terrenos de la margen oriental de la Avenida de las Razas; al considerar que prima los usos lucrativos sobre los públicos, que carece de dotaciones y que "invade" la trama urbana existente.

En concreto, la operación urbanística plantea la remodelación de la margen oriental de la avenida de Las Razas a lo largo de alrededor de dos kilómetros de longitud; planteando 98.000 metros cuadrados de edificabilidad, con 82.000 para los usos residenciales (226 viviendas protegidas y 474 de renta libre) y 16.000 para usos terciarios, que admiten diferentes posibilidades comerciales o de oficinas, por ejemplo.

La Autoridad Portuaria de Sevilla, como entidad promotora de la operación, esgrime que la idea es incorporar todo este sector de la zona portuaria a la trama urbana de Sevilla, creando un nuevo barrio con zonas verdes, áreas de equipamientos públicos y espacios para servicios avanzados.

En contra se posicionan las asociaciones de vecinos Bermejales 2000, Bermejales Activa, Foro Heliópolis, Heliópolis Las Siete Calles, Los Andes, Pedro Salvador, Pisos Sector Sur (Inquilinos Corazón de María de los Pisos Municipales de Heliópolis de Sevilla), Puerto de Sevilla, Reina Mercedes y el AMPA Torre de Babel del CEIP La Raza, junto a la Asociación Parque Vivo del Guadaíra.

Estas entidades advierten de que la actuación planteada, a la cual no han sido incorporadas sus alegaciones, adolece de "dotaciones vecinales como aparcamientos para residentes, zonas deportivas o sanitarias, que aseguren un entorno urbano que propicie la salud y el bienestar de la comunidad".

Además, avisan de que "en la modificación se imponen mayoritariamente usos lucrativos sobre el uso público del espacio y se incluyen parte del Parque Guadaíra como zona verde, es decir, un equipamiento ya existente computa como si fuese de nueva creación adscrito al proyecto, tal como han hecho con los centros educativos o sanitarios".

También alertan de "falta de análisis y estudios sobre la afluencia masiva de vehículos, así como de la nueva población flotante compuesta por trabajadores y clientes del nuevo entorno comercial del Puerto"; opinando que esta reordenación "desatiende la cohesión urbana con la infraestructura ya existente", pues la "falta de permeabilidad de las nuevas construcciones compromete la integración espacial y social de los barrios del entorno".

Por eso, solicitan la suspensión cautelar de la modificación del PGOU "hasta que no se realicen las evaluaciones de impacto que permitan un desarrollo urbano que no invada la ciudad existente, sino que se integre en ella".