El PP apoya a regañadientes la ley andaluza de transparencia

Habrá que esperar a la evolución parlamentaria para saber si el PP apoya la ley andaluza de transparencia que quiere aprobar el Gobierno de la Junta formado por PSOE e IU. Ayer el proyecto llegó al Parlamento andaluz y las sensaciones fueron contradictorias. A diferencia de lo que el PP hace con otras leyes del Gobierno, como cada presupuesto anual, el PP rehusó esta vez plantear enmiendas en el debate a la totalidad. El diputado del PP Rafael Salas llegó a decir que esta ley es "hija" de la estatal aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy e incluso un "clon" de la misma, salvo alguna diferencia como el régimen sancionador. Esta comparativa dificultaría la oposición habitual del PP a los proyectos de la Junta, pero a continuación Salas comenzó a enumerar deficiencias que llegarán en forma de enmiendas parciales a las próximas comparecencias. El diputado resaltó por ejemplo el "enorme error político" de obviar la parte de la ley estatal que regula el buen gobierno. Estos puntos de la legislación básica (que es de obligado cumplimiento) recoge por ejemplo la actitud que deben tener los políticos ante regalos o sus propios comportamientos. En las enmiendas del PP se comprobará si hay margen de mejora a lo recogido en la normativa básica.

El PP también criticó que se deje fuera al Parlamento, ya que la ley explicita su autonomía para decidir sus propias medidas. Salas se quejó de la falta de respuesta del Gobierno a sus preguntas parlamentarias y deseó mejor suerte a los ciudadanos para obtener respuestas en 20 días, como recoge la ley, que la que en su opinión tienen los diputados populares que demandan información sobre cesantías, número de eventuales, listas de espera en hospitales o convenios de la Junta con agentes sociales.

En relación a la demanda del PSOE para conocer la renta del nuevo presidente del PP andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, que finalmente la dio a conocer el martes, Salas se preguntó por qué no está recogido en la ley que divulguen su declaración los altos cargos y directivos de las empresas públicas. El proyecto de ley sólo recoge su declaración de bienes e intereses. Salas rechazó que se difundan la de los cónyuges.

El consejero de la Presidencia, Manuel Jiménez Barrios, afirmó que se trata de la norma de "mayor relevancia" de esta legislatura y opinó que es "mucho más avanzada y valiente" que la ley nacional.

Superado el primer trámite, la ley pasa a la comisión de Presidencia. Entrará en vigor un año después de su aprobación parlamentaria, lo que debería producirse antes de julio.