El PSOE vincula al PP con la estrategia "fascista" de dirigentes de funcionarios

El grado de tensión en la negociación de la futura ley de reorganización del sector público se disparó ayer después de que el PSOE situara al PP al lado de algunos representantes "fascistas" de funcionarios, que amenazaron con reventar actos de campaña electoral si el resultado final de la norma no les convence. Fue el portavoz del grupo parlamentario socialista, Mario Jiménez, quien expuso por segunda vez esta teoría, que ya apuntó el mismo martes, día en que arrancaron las conversaciones, y pidió expresamente al presidente del PP-A, Javier Arenas, que diga si su partido está por una campaña "limpia" o si ha diseñado una "estrategia medida" con estos colectivos.

Para el dirigente socialista hay "coincidencias" entre lo dicho por algunos representantes sindicales con las "peligrosas e intolerables" declaraciones de miembros del PP, en las que "también" anticipan unas municipales "violentas" para el PSOE y que, a su juicio, muestran que al PP "se le está viendo una pátina que asusta, avasalla y pisotea, una actitud soberbia y su radicalismo de derechas".

En cuanto a la postura "inamovible" de los sindicatos de funcionarios -CSIF, Safja y Ustea-, que se aferran a la derogación del decreto como base para negociar, Jiménez criticó esta "oportunidad perdida", que achacó a que "no se sabe si defienden derechos o privilegios. La Junta quiere la igualdad de derechos, no establecer privilegios para nadie".

Con estas palabras de Jiménez, en menos de 24 horas ha caído en saco roto la llamada unánime a rebajar la crispación en el diálogo político y sindical abierto en la Cámara andaluza. De hecho, pueden complicar una negociación que deberá estar cerrada el 20 de enero -es cuando finaliza el plazo de presentación de enmiendas de los tres grupos parlamentarios- y de la que el PSOE y, sobre todo, el Gobierno andaluz quieren obtener el máximo consenso y salir lo más reforzados posible, después de un proceso que se les ha torcido, que ha sacado a la calle a miles de funcionarios y que les ha forzado a recular y tener que redactar dos decretos distintos que han acabado en el debate de un nuevo proyecto de ley.

La reacción del PP a las declaraciones de Jiménez no fue otra que la de exigir al PSOE disculpas por la actitud de un dirigente que, aparte de "inaceptable", consideraron "caciquil y propia de quien entiende que la Junta es su cortijo y los funcionarios sus sirvientes". El secretario general del PP-A, Antonio Sanz, consideró que el insulto de Jiménez, además de un "auténtica provocación de un pirómano irresponsable", evidencia es la falta de interés por el consenso.

"Habría que preguntarle a cualquier andaluz si las 40.000 personas que han asistido a una de las movilizaciones son fascistas", señaló Sanz, quien se mostró convencido de que el PSOE-A ha "perdido los papeles" y ha entrado en una "estrategia premeditada" para impedir el consenso sobre el decreto de reordenación del sector público andaluz.

Ante esta perspectiva, el PP dio la vuelta al compromiso adquirido de que de conseguirse un acuerdo, retiraría su recurso ante el Tribunal Constitucional. Sanz puntualizó que si, finalmente, no se logra el consenso con todas las partes, el PP-A, lejos de quitarlo, presentará un nuevo recurso ante el Tribunal Constitucional (TC), en este caso por el segundo decreto-ley de reordenación del sector público andaluz, al igual que ya hizo con el primero.

Desde el ámbito sindical, la única respuesta llegó de la mano de CSIF-A, que, además de pedir a Jiménez que "se retracte", se desmarcó en parte de la amenaza de una campaña de las municipales "calentita" vertida desde la Plataforma de Empleados Públicos de la Junta (PEPA). Si bien CSIF no tiene entre sus planes boicotear los actos de partido que se organicen, sí lo hará con los que convoque la Junta, por ser la responsable de un decreto que consideran lesivo para los intereses de los funcionarios.