La comisión que ha investigado en el Parlamento de Andalucía a la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) considera responsables políticos de las irregularidades por acción u omisión a su ex director general Fernando Villén y a los ex presidentes socialistas Manuel Chaves, José Antonio Griñán y Susana Díaz.

Así consta en el dictamen de esta comisión parlamentaria que ha investigado, a propuesta del Gobierno andaluz del PP y Cs, la extinta fundación de formación para el empleo, dependiente de la Junta de la Andalucía y que funcionó entre 2003 y 2011, aunque fue liquidada varios años más tarde.

La propuesta de dictamen, que recoge las peticiones de todos los grupos parlamentarios, asegura que las irregularidades en la Faffe fueron "una corrupción institucionalizada y vomitiva" que estuvo "diseñada para evitar controles y amañar contratos", detalló ayer el presidente de la comisión, Enrique Moreno (Ciudadanos), durante la rueda de prensa celebrada en la mañana de este viernes en el Parlamento.

En el documento, de 154 páginas, la mayoría de los grupos parlamentarios señalan como principal responsable político al ex director de la Faffe Fernando Villén –también ex secretario general de Empleo del PSOE-A–, así como a todos los que formaron parte del Patronato de la Fundación, cargos públicos como los ex consejeros de Empleo José Antonio Viera, Antonio Fernández y Manuel Recio.

Igualmente, la comisión ha acordado considerar responsables a los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, ambos condenados en el caso de los ERE a la espera de los recursos sobre los que el Tribunal Supremo se pronunciará previsiblemente antes del verano, por quedar "patente el caos organizativo en el que sumieron" a la administración de la Junta de Andalucía durante sus mandatos.

La comisión extiende la responsabilidad a todos los dirigentes socialistas que consiguieron "para ellos o sus familiares y amigos una nómina por su condición de responsables políticos, gracias a su relación con el PSOE-A y con Villén". Según el presidente de la comisión, algunos de ellos configuraron una plantilla "paralela" en la Consejería de Empleo al "servicio" de sus altos cargos.

Además, la propuesta del dictamen fija responsabilidades políticas por "omisión y por no haber participado de manera directa" en las irregularidades en la ex presidenta y actual senadora del PSOE Susana Díaz, y en los ex consejeros de su Gobierno María Jesús Montero, José Sánchez Maldonado, Javier Carnero y Antonio Ramírez de Arellano, estos dos últimos actuales diputados del PSOE-A. "El caso de la Faffe estalló durante su etapa al frente del Gobierno de la Junta, que no destacó por prestar facilidades para la investigación judicial", ha subrayado el presidente del órgano parlamentario, Enrique Moreno.

El Gobierno de Susana Díaz –explicó Moreno– "no sólo no investigó lo ocurrido en la Faffe sino que obstaculizó su investigación y negó las irregularidades en el Parlamento pese a que la Cámara de Cuentas reveló en 2014 que la fundación no había justificado 50 millones recibidos en las subvenciones nominativas", recogió Efe en una nota. Este mismo Gobierno dispuso de dos informes técnicos de auditorías que determinaron "numerosas irregularidades", ha precisado Moreno. El próximo lunes la comisión de investigación de la Faffe votará la citada propuesta del dictamen que, previsiblemente, será aprobada con los votos de PP, Ciudadanos y Vox, y a partir de esta decisión los grupos políticos tendrán 15 días para presentar votos particulares. Según los cálculos del presidente, el dictamen y los votos particulares serán debatidos y aprobados por el pleno del Parlamento a finales de abril o principios de mayo.