El Parlamento de Andalucía rechaza que el Tribunal Constitucional conceda las medidas cautelares a Teresa Rodríguez y sus afines, es decir, que los reintegre en el grupo Adelante Andalucía, del que fueron expulsados el pasado noviembre en aplicación del pacto antitransfuguismo y a petición de Podemos e IU. Así se expone en el escrito remitido por el letrado mayor de la Cámara, Ángel Marrero, al Alto Tribunal en respuesta a la diligencia de la pieza separada abierta para dilucidar si se conceden las medidas cautelares que la ex líder morada -y otros ocho diputados- reclaman en el recurso de amparo realizado ante a la expulsión que sufrieron a finales de año.

Para denegar las cautelares los servicios jurídicos del Parlamento explican que el amparo solicitado por los diputados no adscritos expulsados de Adelante tendría los mismos efectos que la concesión de las cautelares: la reintegración de Rodríguez y sus afines al grupo parlamentario. "Si se extendiera la suspensión [de los acuerdos que significaron la expulsión de los no adscritos] hasta a finalización de la legislatura, lo que se estaría produciendo, en realidad, es un otorgamiento anticipado, con eficacia definitiva, del amparo", apunta Marrero en su escrito. El letrado mayor se adelanta así a la posibilidad de que la sentencia del TC se produzca después de que el Parlamento se haya disuelto en caso de elecciones,

No obstante, el escrito remitido al Alto Tribunal considera que el recurso presentado por Rodríguez es "ambiguo y confuso" y, en él, el letrado mayor es tajante al afirmar que "en modo alguno" los diputados anticapitalistas pueden "pretender que se les impide actuar como una agrupación de diputados o un grupo parlamentario. Según Marrero, el acuerdo que supuso su expulsión sólo les impide formar parte de Adelante, pero es cierto que el reglamento de la Cámara impide que un grupo mixto pueda establecerse a mitad de legislatura, por lo que la única alternativa que tienen es mantenerse como no adscritos.

"Como le ocurre a cualquier diputado (...), no pueden ejercer las facultades propias de los grupos parlamentarios, sino sólo las de los diputados individualmente considerados", señala Marrero en el texto remitido el pasado 14 de mayo al Tribunal Constitucional. "Antes [de los acuerdos de expulsión] tampoco tenían la posibilidad", abunda el letrado mayor, que en su escrito descarta que la concesión de las cautelares pueda significar la "perturbación" de derechos fundamentales de terceros, tal y como defienden los diputados recurrentes. "Dicha afirmación supone un radical desconocimiento u ocultación de pronunciamientos constantes del Tribunal Constitucional", sentencia el texto.

En este punto el documento remitido al Alto Tribunal por el Parlamento alude al transfuguismo y las actuaciones en su contra, que son "constitucionalmente legítimas". Marrero lo justifica concediendo "relevancia jurídica y no sólo política" a la adscripción política de los representantes y su relación con los partidos políticos, "instrumentos fundamentales para la participación política de los ciudadanos". Aludiendo a una sentencia de 2017, el letrado mayor plantea que el transfuguismo "puede desestabilizar la vida política" y admite que "es posible, aunque no necesario" que el transfuguismo "entendido como desvinculación orgánica o política de la formación política de origen (...) suponga una defraudación de la voluntad popular".

Este posicionamiento contrasta hasta cierto punto con pronunciamientos de los servicios jurídicos de la Cámara expuestos en fases previas de este conflicto, que se ha resuelto con una reforma exprés del reglamento del Parlamento para trasponer el pacto antitransfuguismo en las normas que rigen al legislativo andaluz. Hay que recordar que el Parlamento de Andalucía ha sido el primero en incluir este texto entre su corpus normativo y que los letrados habían expresado dudas sobre la "constitucionalidad" de elementos incluidos en reforma y en la fórmula elegida para hacer efectiva la expulsión de Rodríguez y sus ocho diputados afines del grupo Adelante. Finalmente, la mayoría de la Cámara hizo posible ambas cosas, aunque Vox se abstuvo en la remodelación del reglamento.

"Si los recurrentes volvieran a incorporarse al grupo parlamentario Adelante Andalucía y dejasen de ser diputados no adscritos se estaría mermando (...) la lucha contra el transfuguismo y sus efectos", defiende el texto remitido por el Parlamento al Constitucional, que también asegura que con la expulsión de Rodríguez "se protege" a los ciudadanos que votaron a la coalición formada por IU, Podemos y los andalucistas en las elecciones autonómicas de 2018. Además, conceder las cautelares, aseguran los servicios jurídicos, sería un perjuicio para los parlamentarios que siguen en el grupo. 

No obstante, el Parlamento admite que Rodríguez y sus afines sufren perjuicios por dejar de ser miembros de Adelante, pero tienen "un limitado alcance" respecto de las esenciales facultades representativas del diputado. Para justificar este pronunciamiento, el letrado mayor ilustra con la capacidad de estos parlamentarios de presentar preguntas en el Pleno (dos por periodo de sesiones) o su pertenencia, al menos, a una comisión. En este sentido destaca la respuesta que la Cámara da a la queja de los no adscritos sobre la falta de medios materiales en la sede del legislativo, así como dependencias. Según el escrito, esta reclamación es "deliberadamente equívoca y sesgada".