Andalucía

El Parlamento andaluz recupera la jornada de 35 horas para 270.000 empleados públicos

  • Aprueba la medida con los votos de PSOE, Podemos e IU y la abstención de PP y C's y será efectiva a partir del 16 de enero.

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El Parlamento andaluz ha convalidado este jueves, con los votos de PSOE, Podemos e IU y la abstención de PP y C's, el decreto ley aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta por el que más de 270.000 empleados públicos recuperarán a partir del próximo 16 de enero la jornada laboral de 35 horas semanales. En el caso de los empleados públicos de Educación, la medida se implantará progresivamente a partir del curso 2017-2018, mientras que en el ámbito sanitario se irá aplicando en función de la negociación de los turnos diarios de trabajo.

La consejera de Hacienda, María Jesús Montero, ha señalado que se trata de una medida "justa, oportuna, adecuada y consensuada" con los sindicatos UGT, CCOO y CSIF, que no solo es "de justicia" para los empleados sino que tendrá un impacto positivo en la economía. Ha explicado que significa "revertir el esfuerzo" que los empleados públicos hicieron durante el momento "más difícil de la crisis" y ha resaltado que Andalucía marca "un camino distinto a la hora de aguantar los recortes".

Montero ha defendido que el Gobierno andaluz "cuando hubo que ajustar lo hizo" pero sin despidos masivos ni privatizaciones, mientras en otras comunidades "miles de personas fueron a la calle". "Cumplimos con nuestra palabra", ha manifestado la consejera, quien ha asegurado que con este acuerdo "Andalucía vuelve a colocarse a la vanguardia nacional en la restitución de derechos".

La recuperación de la jornada de 35 horas semanales contará con margen "suficiente" para hacerlo de forma planificada, ha añadido Montero, quien espera que la iniciativa se convierta en "una hoja de ruta que se pueda instaurar en el resto del Estado".

En contra de ese objetivo está la resolución del Tribunal Constitucional, que declaró recientemente la inconstitucionalidad y nulidad de la ley que modificaba la jornada de trabajo de los empleados públicos de Castilla-La Mancha, por lo que tumbó la iniciativa de que recuperaran las 35 horas de semanales. Esa es la línea que ha seguido en su intervención el portavoz del PP, Pablo Venzal, que ha acusado a la Junta de incumplir la ley a sabiendas con la intención de "confrontar" con el Gobierno central.

Ha defendido que la Constitución reserva de manera literal esa competencia exclusiva al Estado y ha denunciado que "faltan a la división de poderes", ya que la sentencia del Tribunal Constitucional "tiene efecto de cosa juzgada". "Usted sabe que Rajoy viene obligado por ley a interponer un recurso", ha agregado Venzal, quien ha detallado que la doctrina del Tribunal Constitucional obliga al recurso al Gobierno central. Además, ha manifestado que la Junta también incumple la ley porque no lleva un informe jurídico y ha afirmado que en el presupuesto de 2017 no hay asignación presupuestaria suficiente para poner en marcha esta medida.

La parlamentaria de Podemos Begoña Gutiérrez ha lamentado que la Junta "sigue llegando tarde y mal a solucionar los problemas de los empleados públicos" y ha criticado que "según les conviene hacen caso o no a lo que establezcan desde Madrid", aunque ha justificado el apoyo de su grupo en que tienen claro "del lado de quién están".

Desde Ciudadanos, el diputado Julio Díaz ha destacado el "riesgo evidente" de que el Gobierno central recurra esta medida, algo que podría poner a 270.000 empleados públicos en el centro de la "confrontación", a la vez que ha pedido que se lleve a cabo la adaptación de esta modificación con diálogo y negociación.

La diputada de IU Elena Cortés, que ha admitido que este decreto es "un paso adelante", ha recordado que todavía hay trabajadores públicos que hacen "enormes sacrificios", que encadenan "contrato precario uno tras otro" o que tienen que doblar sus turnos.

Por su parte, el socialista Antonio Jesús Ruiz ha agradecido y reivindicado el papel de los empleados públicos, que han sido "los principales colaboradores" por mantener los servicios públicos "de dignidad" durante la crisis, por lo que los defenderán "siempre, a pesar del PP".

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