El rechazo de los andaluces a la subida de impuestos propuesta por el Gobierno se puede calificar de contundente, incluso entre los votantes socialistas. Y eso que cuando el Barómetro Joly preguntó a los encuestados, entre el 23 de septiembre y el 2 de octubre, aún se desconocía que parte de la reforma se iba a sustentar en una subida del IVA, un impuesto indirecto que grava lo mismo a todas las rentas, por lo que perjudica a especialmente a las bajas. Tan sólo dos de cada 10 entrevistados se muestran de acuerdo con la subida fiscal porque creen que es una medida necesaria para afrontar la crisis.

Cuando se realizó el trabajo de campo, se había anunciado que la reforma iba a afectar a las rentas de capital y que se eliminaría la deducción de los 400 euros del IRPF, que también afectará a todas las familias del mismo modo con independencia de su nivel de ingreso.

El 73,9% de los consultados se muestra en contra, si bien una mayoría de ellos (el 41,1%) niega la mayor: es decir, que no creen adecuado subir la fiscalidad para luchar contra la crisis. Opinan justo lo contrario: es necesario bajar los impuestos. El resto de los que se oponen, un 32,8%, piensa que lo mejor es dejar la presión fiscal como estaba. Sólo el 20% está favor de la subida.

Las medidas también son rechazadas por aquéllos que votaron a Zapatero en el año 2008. Según el recuerdo de voto nacional, el 58,2% de los partidarios socialistas rechaza esta medida, y sólo un 36,4% la apoya.

El rechazo es mucho mayor entre quienes admiten haber votado al PP en las pasadas elecciones generales. Así, nueve de cada 10 votantes del PP están en contra de la subida fiscal, mientras que los de IU, una formación proclive a la subida de impuestos, también se muestran contrarios (58%).

El debate de la subida fiscal y el modo en que fue a anunciada ha sido, precisamente, uno de los factores que más ha deteriorado la imagen del Gobierno, porque ha contribuido a dar una sensación de descoordinación. Fue José Blanco, ministro de Fomento, el primero en anunciar a finales de agosto que sería necesaria un incremento de impuestos en los tramos del IRPF para aquellos que ganaran más de 50.000 euros. Se insistió en que sólo afectaría a los "poderosos" o a los "ricos". Finalmente, el Gobierno hizo cuentas, y recaudó allí donde está el grueso de los ingresos. Eliminó la deducción de los 400 euros al año de ser aprobada. Una medida a cuyo nacimiento se opuso el ex vicepresidente de Economía, Pedro Solbes. Aumentó el IVA reducido en un punto (del 7% al 8%) y el general en dos, hasta el 18%, y gravó las rentas del capital (o del ahorro) hasta el 19% si las ganancias eran menores de 6.000 euros y hasta el 21%, si superaban esta cantidad. Hay que considerar que, al día de hoy, la reforma fiscal aún no se conoce en su totalidad. Como consecuencia de las negociaciones, los socialistas manejan la posibilidad de dejar la deducción los 400 euros para las rentas más bajas.