El caso Romanones se convierte en sumario por la gravedad de los hechos

El juez Antonio Moreno, que investiga los presuntos abusos sexuales a los que el sacerdote Román M. V. C. habría sometido a un joven siendo menor de edad, ha transformado las diligencias previas existentes en su juzgado en un procedimiento sumario, que es un proceso reservado a los delitos con penas elevadas.

En un auto fechado el lunes el magistrado explica que se trata de "la acomodación" del procedimiento al delito apreciado de forma indiciaria y a la pena que le correspondería. Los hechos podrían constituir un delito de abusos sexuales continuados con introducción de miembro corporal por vía anal y prevalimiento, que está castigado en el Código Penal con una pena de 4 a 10 años de prisión.

De este modo, el instructor del denominado caso Romanones, que se inició tras una denuncia de la supuesta víctima, deja la causa a un paso del procesamiento del cura imputado. Lo siguiente será dictar el auto de procesamiento del conocido como padre Román.

El instructor explica que lleva a cabo este trámite de convertir el expediente en un sumario "sin perjuicio de la concreta imputación de hechos y demás concreciones judiciales que exige el posterior, en su caso, auto de procesamiento". En este punto enumera las múltiples diligencias practicadas desde que se inició la causa el 3 de noviembre de 2014, entre las que destaca la declaración de los imputados, las de los testigos, el material intervenido e incluso "el comportamiento procesal de imputados". Para el magistrado, de todas estas diligencias, "se desprende la existencia de indicios racionales de criminalidad" que permiten, "con la provisionalidad propia del momento procesal en que nos hallamos", imputar al padre Román.

Así las cosas, una vez se dicte el auto de procesamiento y se dé traslado a las partes personadas (que son la acusación particular que ejerce el denunciante, la Asociación Pro Derechos del Niño, Prodeni, la Fiscalía y la defensa), el juez dará por concluido el sumario y remitirá las actuaciones a la Audiencia de Granada.

En declaraciones a este diario, el presidente nacional de Prodeni, Juan Pedro Oliver, explicó ayer que el juez tenía tres posibilidades: archivar el caso, transformarlo en procedimiento abreviado o convertirlo en sumario, que se aplica cuando la pena de prisión para el delito es superior a 9 años y que está reservado "a los delitos más graves".