El pasado 22 de mayo, el Servicio Andaluz de Salud firmaba con los sindicatos del sector sanitario un acuerdo en el que se comprometía a eliminar la Atención Primaria de la orden de tarificación que, durante meses, había desencadenado una oleada de protestas en los centros de salud andaluces. El compromiso de su retirada comenzó con la instrucción dada por la Consejería para que se dieran inicio a los trámites necesarios para su eliminación, un proceso que significaba comenzar desde cero a elaborar una nueva orden. Meses después, el proceso ha superado la fase de consulta pública y, según ha podido conocer este periódico, se encuentra “en fase de estudio de memorias” y se está a la espera de la conclusión del informe de la asesoría jurídica.

No obstante, la intención del Ejecutivo autonómico es “finalizar todo el proceso de la publicación de la nueva orden antes de final de año”. Y es que el trámite es mucho más complejo que la rectificación que se hizo en su momento para tratar de contentar a los representantes sindicales, cuando se añadió que la atención primaria sólo sería llevada a cabo mediante conciertos con instituciones privadas en “situación excepcional de pandemia” o en casos de emergencia bioterrorista. 

Al tratarse de una orden nueva, es preciso comenzar todo el proceso desde cero. Después del sometimiento del texto a información pública por si existiera afección a terceros, se requieren varios informes de otros tantos organismos de la Administración autonómica que llegan hasta la Consejería de Hacienda, toda vez que el departamento que dirige Carolina España debe elaborar la memoria económica. Al mismo tiempo, se requieren varios informes que han sido elaborado de manera simultánea en un intento por acelerar los trámites. Éstos deben finalizar con la redacción de un borrador que debe pasar de manera obligatoria por los servicios jurídicos del SAS, el Servicio de Legislación de la Consejería de Salud y el Gabinete jurídico de la Junta de Andalucía.  

Desde la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Andalucía quisieron remitirse “a los acuerdos firmados por la Junta de Andalucía, como es el Pacto Social y Económico por el Impulso de Andalucía y el Pacto de Atención Primaria de Mesa Sectorial de Sanidad, donde acordamos la retirada de cualquier tarificación de las consultas de Atención Primaria y la no utilización de medios públicos por parte de la sanidad privada”. Aparte de esto, CCOO “está intentando obtener información a todos los niveles, tanto en Consejería de Salud como en Junta de Andalucía, para que nos expliquen los plazos y pidiendo inmediatez de que finalice la nueva Orden con la retirada”.

Para el secretario general del Sindicato de Enfermería, SATSE, en Andalucía, José Sánchez Gámez “tenemos claro que hay un acuerdo firmado y que en él se dice que se quitaba la tarificación de primaria y la administración también lo ha firmado con lo cual para firmar el acuerdo ya tenia que tener el visto bueno de la asesoría jurídica”. SATSE pide “celeridad a la Consejería de Salud para afrontar sus compromisos y afrontar esta modificación normativa que, recuerda, fue incluida como parte del Pacto por la mejora de la Atención Primaria suscrito el pasado mes de mayo entre el SAS y la mayoría de las organizaciones sindicales de la Mesa Sectorial de Sanidad”. Igualmente el Sindicato de Enfermería advierte que “estará vigilante a la tramitación de esta modificación de la orden tarificación de convenios y conciertos del SAS para que cumpla con todos los preceptos negociados en la Mesa Sectorial de Sanidad y continuará oponiéndose, al igual que ha hecho siempre, a cualquier medida que suponga una privatización de servicios en la Sanidad Pública andaluza”.

Por su parte, Rafael Ojeda Rivero, presidente del Sindicato Médico de Andalucía quiso recordar que “nuestra posición siempre fue de desacuerdo con la inclusión de la consulta de atención primaria en la orden de tarificación. En primer lugar, porque pensamos que los recursos públicos deben ser invertidos en la sanidad pública. No podemos aceptar que se plantee derivar pacientes de atención primaria a consultas privadas mientras se están recortando continuidades asistenciales en los centros de salud del SAS. Es decir, mientras se reduce la inversión en la pública se destinan esos fondos a conciertos con la privada. Por otra parte, la cuantía prevista para retribuir cada una de las consultas es muy superior a lo que cuesta esa misma consulta en un centro público. Por tanto, destinar esos fondos a la pública sería más eficiente que destinarlos a la privada. En definitiva, siempre rechazamos la inclusión de la consulta de atención primaria en la orden de tarificación y esperamos que la Junta dé marcha atrás en esta medida cuanto antes”.

Por su parte, desde UGT, Fernando Macías expresó su convencimiento de que “la Consejería está tratando de dilatar todo lo que sea posible la retirada de esa orden de tarificación, porque lo que no entendemos es que tarden tantísimo en poder llevarla a cabo. Han sido tantos incumplimientos que no nos creemos nada en las intenciones de la Consejería, porque no ha cumplido los mismos en repetidas ocasiones”.Pese a todo, “esperamos que si dicen que la van a eliminar de manera definitiva antes de fin de año, realmente lo hagan”.

Un par de meses después de ordenar su retirada, la consejera de Salud que esta semana comparece en el Parlamento de Andalucía para informar de las principales actuaciones incluidas en el presupuesto de su departamento para el año que viene, señalaba que “lo que hacemos es cumplir el compromiso.Dijimos que íbamos a eliminar la atención primaria de la orden de tarifas, para evitar que se pueda confundir a los andaluces con que existía un objetivo por parte del Gobierno de Andalucía de privatización de la sanidad pública, algo que hemos dicho en muchas ocasiones que no era así de ninguna de las maneras”.