El TSJA investigará el pacto Junta-sindicatos sobre el sector público

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha admitido a trámite el recurso de CSIF contra el acuerdo al que llegaron el Gobierno autonómico y los sindicatos CCOO y UGT sobre la reordenación del sector público andaluz. Según el sindicato denunciante, el Alto Tribunal ha visto "indicios de posible conculcación de los derechos fundamentales" en la reunión mantenida entre representantes de la Junta y los sindicatos mayoritarios. Precisamente ayer, otra central de funcionarios, el Safja, recurrió ante el TSJA ese mismo pacto a tres bandas porque en él "se hurtó la negociación con las fuerzas sindicales representativas del personal funcionario".

Y mientras los empleados públicos que exigen la derogación del decreto, principalmente aglutinados en la plataforma PEPA, calientan motores para la manifestación que tendrá lugar el próximo sábado, los partidos continúan con la escalada de reproches. El PP-A recriminó a los socialistas sus actitudes "agresivas e incendiarias" contra los funcionarios, hecho que pone serias trabas al consenso. El secretario general de los populares andaluces, Antonio Sanz, insistió en que el Ejecutivo que preside Griñán ha hecho gala de "demasiada soberbia y prepotencia". Además, acusó al presidente de la Junta de no ordenar a sus consejeros [por Luis Pizarro, titular de Gobernación y Justicia] que no llamen "batasunos" a los empleados públicos que protestan contra el decretazo.

En claro contraste con esta situación, el PSOE-A adelantó ayer que convocará para mañana un encuentro con representantes del PP y de IU para intentar un acercamiento sobre las posiciones que cada formación política mantiene en este conflicto.

En este sentido, el parlamentario andaluz de IU, Pedro Vaquero, defendió que las propuestas y enmiendas de su grupo al proyecto de ley contribuyen a "simplificar los problemas políticos y a pacificar el conflicto" generado entre funcionarios y empleados públicos. Vaquero expresó su satisfacción por que se haya acordado la ampliación del plazo para la presentación de enmiendas al proyecto de ley. IU planteó esa ampliación del plazo porque, según explicó el parlamentario, "tenemos muchos que negociar entre los partidos y con los agentes sociales".