Un sargento de la UCO de la Guardia Civil que investigó las ayudas concedidas a las empresas de la Sierra Norte de Sevilla aseguró ayer en el juicio contra los 22 ex altos cargos de la Junta que el Consejo de Gobierno "conocía" el sistema por el que se concedían las ayudas y lo "amparó durante años "mediante las distintas modificaciones presupuestarias que ampliaron la partida presupuestaria 31L, conocida como el "fondo de reptiles". "El Consejo de Gobierno es el que está cebando esta partida presupuestaria", apostilló.

El testigo recordó uno de los atestados, en el que se afirma que "no hay engaño a la Administración mediante un documento falsario" para la concesión de las ayudas, sino que hay "un concierto previo", una "conjugación de voluntades total", porque en muchas ayudas no hay siquiera solicitud y falta documentación, por lo que "es obvio que se hizo un uso discrecional de las ayudas".

En el atestado sobre la Sierra Norte de Sevilla, los investigadores advierten la presencia de "un marco de corrupción" que tiene su génesis en el "abuso descontrolado de los fondos públicos por parte de determinadas personas" y en un sistema "arbitrario supuestamente ideado para dar respuesta a unos conflictos que se estaban produciendo en ese momento en Andalucía". Para el agente que rindió ayer testimonio ante el tribunal, existía una "hoja de ruta" para que las ayudas se otorgaran a través del IFA y existía un "cortafuegos por el que determinadas ayudas no debían de ser ratificadas por el Consejo de Gobierno", como ocurrió, según dijo, con las ayudas a Pickman y a A Novo Comlink, que fueron retiradas de la Comisión General de Viceconsejeros -"el consejillo"-, y posteriormente la primera es "troceada" cuando se eleva al Consejo Rector de IDEA para su aprobación.

El funcionario añadió que el procedimiento por el que se concedían las ayudas era "totalmente opaco" y que estas subvenciones no tenían seguimiento por parte de la Administración autonómica, otorgándose por relaciones de "vecindad, amistad o afinidad política", por lo que dijo que era "imposible que un empresario de una almazara de Jaén pudiera conocer estas ayudas".

El agente explicó que entre enero de 2003 y abril de 2004 se produce un "aumento muy exponencial de lo convenios suscritos" en esta comarca de la Sierra Norte de Sevilla, "coincidiendo" con la época en la que el entonces consejero de Empleo José Antonio Viera era presidente del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), y así detalló que de los 60 convenios investigados, 43 se firman en este periodo, destacando asimismo como en un único día, el 30 de enero de 2004, se suscriben convenios por un importe total de 16 millones.

A preguntas del abogado de Viera, el testigo mantuvo que esos convenios se suscribieron en la etapa de Viera y recalcó que en ese momento "la hija" del ex consejero estaba trabajando para ese grupo empresarial.

El atestado de la Guardia Civil que ratificó el sargento señalaba que las empresas de la Sierra Norte recibieron entre 2001 y 2010 un total de 56.401.307,43 euros de los 85.442.982,73 euros concedidos en todo el territorio andaluz, lo que supone un "serio indicio de irregularidad" por cuanto representa que sólo esta comarca sevillana acaparó el 66% de la totalidad de las "ayudas a empresa" concedidas por la Consejería de Empleo, destacando las ayudas que recibió el grupo de empresas liderado por el "tándem" formado por José Enrique Rosendo -ya fallecido- y José María Sayago.

El atestado recordaba precisamente que en una sola sesión de consejo rector del IFA, el 30 de enero de 2004, se aprobaron 13 convenios para la Sierra Norte por importe de 16 millones, entre las que destacan las sociedades vinculadas al tándem, "para los que trabajaba en ese momento" la hija de Viera, y que lograron ayudas por valor de más de nueve millones. El investigador llamó la atención sobre el hecho de que se trataba de "empresas vacías" de trabajadores, por lo que a su juicio dichas sociedades son "meros instrumentos para captar fondos públicos", y consideró como "muy importante el papel" que tiene Viera como consejero y presidente del IFA en la concesión de estas ayudas a la Sierra Norte.

El testigo también se refirió a los "ocho millones" de euros en ayudas que obtuvo el ex alcalde socialista de Cazalla de la Sierra (Sevilla) Ángel Rodríguez de la Borbolla, hermano del ex presidente de la Junta José Rodríguez de la Borbolla, con empresas relacionadas con el corcho.

El convenio marco, en opinión del testigo, lo que hacía era "facilitar y dar a Empleo una capacidad operativa para conceder ayudas a unas determinadas personas". Para el investigador, las ayudas que se dieron al amparo del convenio marco "son ilegales", porque debían haberse regido por el decreto 254/01 y la ley general de Subvenciones. El juicio se reanudará el próximo lunes, con la declaración de dos nuevos testigos.