El abogado Fernando del Valle coincidió ayer con la Fiscalía Anticorrupción en que una de las especialidades de su despacho DVA Finance era asesorar en inversiones inmobiliarias que se realizaban a través de sociedades constituidas en Delaware (Estados Unidos). El bufete, entre otros servicios, creaba estas entidades estadounidenses en las que figuraba Fernando del Valle como director, figura equivalente a la de administrador único. Después, esa sociedad extranjera fundaba otra en España en la que tenía el 99% de las participaciones. El 1% restante lo ostentaba generalmente Estela Elena Herrera, abogada de DVA, porque al ser quien registraba el nombre de la mercantil española era necesario que figurara.

La sociedad limitada compraba un determinado bien y nadie sabía quién era su verdadero titular y había aportado los recursos económicos para la operación, salvo DVA y el propio titular, que mediante contrato privado se aseguraba el control y los beneficios.

Fernando del Valle explicó así ayer al inicio de su declaración en el juicio por el caso Ballena Blanca la operativa de las inversiones gestionadas vía sociedades radicadas en Delaware. Es más defendió esta mecánica por los atractivos fiscales que entraña y subrayó que ésta es la esencia del trust o fideicomiso: "El patrimonio [de las sociedades] puede modificarse, cederse, heredarse o incorporar a nuevas personas o bienes dentro del marco legal" y recalcó que las firmas extranjeras eran estadounidenses.

La versión de Anticorrupción es bastante parecida, pero con algunas salvedades. La Fiscalía comparte el criterio de Hacienda y de la Policía de considerar a Delaware un paraíso fiscal, pese a que no figura en los listados de centros offshore. Para los investigadores españoles Delaware es como las Islas Vírgenes o Gibraltar pero sin mala fama.

A partir de aquí las disparidades entre la versión del Ministerio Fiscal y del acusado son absolutas. Para Anticorrupción esta fórmula se elegía para esconder las inversiones que realizaban determinados personajes con cuentas pendientes con la Justicia. O sea para blanquear dinero de origen delictivo. Este punto ha sido en todo momento negado de forma absoluta por el imputado. De acuerdo con su versión, el ocultamiento del verdadero titular era "una consecuencia más de este sistema", pero no la finalidad. El objetivo solo era aprovechar las ventajas fiscales.

El presidente del tribunal, el magistrado Federico Morales, ha decidido que el juicio se celebre por bloques y por esa razón ayer Fernando del Valle sólo fue preguntado por la actividad general de su despacho y por el trabajo que desarrolló para el acusado Sophiane Hambli.

El abogado aseguró que conoció "ocasionalmente" a este imputado, porque su ex esposa y su familia eran clientes habituales del despacho. Negó que le hubiera ayudado a manejar sus inversiones en la Costa, porque con quien trató siempre fue con su ex mujer y ocasionalmente la titular de los bienes era su madre.

La Fiscalía sostiene que el verdadero titular de los negocios y su beneficiario era Hambli, que invertía los beneficios que obtenía con el tráfico de estupefacientes, y no sus familiares. En 1999 fue juzgado en rebeldía en Francia y condenado a ocho años de prisión por tráfico de hachís. En 2002 fue descubierto en Marbella y extraditado a Francia, aunque en 2003 logró escapar durante un traslado al hospital. En 2004 fue de nuevo localizado en la Costa aunque logró darse a la fuga durante un tiroteo con la Policía y no fue detenido hasta 2008.