Una hora después de que el Consejo de Gobierno tomase posesión, el líder del PP andaluz, Juan Ignacio Zoido, convocó a los medios de comunicación en su sede del PP, muy cerca de San Telmo. "Hoy se han derrumbado los pilares de la Junta de Andalucía", proclamó el dirigente popular, que recordó sus augurios cuando comenzó el caso Mercasevilla, germen del de los ERE. Zoido intuía, o lo sabía, que la instrucción terminaría por afectar al entonces presidente de la Junta, José Antonio Griñán. Y así ha sido; es cierto que éste dimitió, pero ahora ha llegado este anuncio de imputación o de invitación a la declaración. Para el PP andaluz, este caso de corrupción es el más grave de toda la historia de la democracia española.

Con independencia del juicio de la magnitud del caso, lo cierto es que ya afecta procesalmente a dos ex presidentes de la Junta, cinco ex consejeros, más uno más que fue encarcelado, Antonio Fernández. Están, pues, los tres últimos responsables de Empleo: José Antonio Viera, Antonio Fernández y José Recio, además de los principales colaboradores de Griñán en la Consejería de economía. Para el PP, esto es un juicio a un régimen, que es como denomina al mandato del PSOE durante más de tres décadas en Andalucía.

"Ahora sabemos por qué tenía tantas prisas José Antonio Griñán en irse, pero sigue siendo el secretario general del PSOE andaluz y el presidente del PSOE federal", valoró Zoido. En el mes de junio, durante el Discurso del estado de la Comunidad, José Antonio Griñán anunció que no volvería a presentarse en unas elecciones autonómicas, previsiblemente las de 2016, por lo que abrió un precipitado proceso de elecciones primarias, pero después terminó por dimitir en el mes de julio. Según Zoido, las prisas provienen de la sospecha de Griñán de que podía ser imputado por Alaya. El auto lo apunta, aunque deberá ser el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía o el Supremo el que lo haga, en el caso de que la instructora envíe, finalmente, este asunto a estos tribunales.

Zoido leyó, en varias ocasiones, algunos párrafos del auto de la juez, en especial, en el que se cita a Griñán y Chaves "en calidad de imputados", aunque el propio presidente del PP matizó que la juez, en efecto, no puede tomarles declaración por su condición de aforados. "No pueden ir a declarar, de no ser que lo gana de modo voluntario", dijo.

Pero el líder de los populares extendió las responsabilidades políticas a la nueva presidenta de la Junta, Susana Díaz. Mantuvo que es a ella a quien corresponde dar explicaciones de lo sucedido con la dimisión de Griñán y su llegada a la Presidencia de la Junta.

El portavoz de Unión, Progreso y Democracia (UPyD) en Andalucía, Martín de la Herrán, solicitó ayer que José Antonio Griñán y Manuel Chaves renuncien a sus actas de parlamentario autonómico, senador y diputado nacional respectivamente. En un comunicado, De la Herrán pidió a Griñán y Chaves que, si deciden seguir al frente de sus cargos públicos, "deberían al menos personarse de forma voluntaria en el caso, si es que les queda algo de decencia política" y defendió que la nueva presidenta de la Junta debería "comparecer públicamente de forma urgente para que explique a los ciudadanos todo lo que saben". "No es mera casualidad que Díaz haya prescindido en su nuevo equipo de gobierno de Antonio Ávila y Carmen Martínez Aguayo", aseguró De la Herrán.