Cuando se cumple el plazo que tanto el Gobierno central como la Junta de Andalucía se habían dado para cerrar un acuerdo que pusiera fin a la polémica surgida con la presentación de la ley de regadíos del entorno del Parque Nacional de Doñana, las conversaciones para la conclusión definitiva están a punto de cerrarse. Según pudo saber este periódico, tan solo falta por convencer a algunos de los propietarios afectados por la norma, para lo cual se llevan a cabo reuniones “casi a diario y algunos días hasta dos”, según confirmaron fuentes cercanas.

No obstante, sí quisieron dejar claro que “a día de hoy, todavía no hay acuerdo”, ya que ambas partes están empeñadas en un pacto global que no deje cabos sueltos que puedan reabrirse en un futuro próximo. La intención, según han confesado a este periódico participantes en algunas de estas conversaciones, es “conseguir el visto bueno de todos, o al menos de una amplísima mayoría” de los actores implicados de todos los sectores. Los pertenecientes a las administraciones parecen más proclives a aceptar la inversión millonaria que lleva aparejado el pacto y que llega a los 350 millones de euros. Otra cuestión son los productores, algunos de los cuales (la minoría) cultivan propiedades que heredaron de generaciones anteriores y que presentan mayores reticencias a la hora de abandonarlas.

Las conversaciones se llevan a cabo tanto en localidades de la provincia de Huelva, como en las sedes institucionales de ambas administraciones que intentan encajar en el texto del acuerdo los mecanismos que permitirán encontrar una salida a la situación de los terrenos afectados por la proposición de ley presentada por el PP en el Parlamento y que fue retirada en el último momento en un “gesto de buena voluntad” y después de la intervención directa del presidente de la Junta, Juanma Moreno.

En este contexto cabe enmarcar las manifestaciones hechas por el portavoz del Gobierno andaluz, Ramón Fernández-Pacheco quien, al término del Consejo de Gobierno de este martes, aseguró que confía en “alcanzar un acuerdo en un breve espacio de tiempo”. El también consejero de Medio Ambiente, reconoció que “las negociaciones que estamos manteniendo con el Gobierno de España en absoluto son opacas”, si bien “parece razonable no ir radiándolas a diario, puesto que eso sólo contribuiría a que las negociaciones fracasaran”, ha opinado. “Opacidad sería no dar cuenta del resultado de esa negociación una vez que concluyera, y eso por supuesto que va a pasar” y añadía que “el Gobierno de Andalucía está muy esperanzado en alcanzar un acuerdo, y además en hacerlo en un breve plazo de tiempo”.

Al hilo de esto, el consejero recordó que, cuando Teresa Ribera y Juanma Moreno comparecieron en San Telmo el pasado 3 de octubre, “hablaron de unos plazos que, en la medida de lo posible, tenemos que cumplir, o por lo menos ajustarnos lo máximo posible a ellos”. Al hilo, el consejero portavoz insistió en señalar que las administraciones implicadas están “trabajando, las reuniones se suceden a diario, los equipos están trabajando de manera abnegada, totalmente involucrados, prácticamente todo el Gobierno de Andalucía”, según remarcó antes de expresar la “esperanza” del Ejecutivo andaluz de “alcanzar un acuerdo” con el central, “y además hacerlo pronto”. “Confiamos en que así va a ser”.

Ayer mismo, el portavoz reconocía en Almería que “prácticamente el Gobierno de Andalucía al completo está inmerso en la negociación para conseguir un acuerdo que desbloquee el problema de los agricultores de la corona forestal de Doñana”, algo en lo que están implicados los titulares de hasta tres consejerías del Gobierno de la Junta de Andalucía “de Agricultura, Carmen Crespo; el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz y yo mismo”. “Estamos trabajando con toda la dedicación y la ilusión del mundo para poder alcanzar un acuerdo con el Gobierno de España y alcanzarlo lo antes posible”, pero “lo cierto es que a día de hoy ese acuerdo todavía no existe”, y confesó que no se ve en la facultad de decir “si vamos a tener acuerdo o no”.

A la espera del gobierno

A pesar que desde la Junta de Andalucía se ha desvinculado la negociación con el Gobierno central de la investidura de Pedro Sánchez (“son dos asuntos completamente distintos”, reconocieron a este periódico fuentes implicadas en las mismas) lo cierto es que el reciente acuerdo con las fuerzas independentistas de Cataluña acerca un debate que debe concluir con la formación de un nuevo Ejecutivo.

A pesar de que aún es muy pronto para aventurar nombres y que la titular de Transición Ecológica, Teresa Ribera, es uno de los pilares en los que se asienta la política del Gobierno central, un cambio en su Ministerio podría trastocar los planes para una conclusión lo más rápida posible de las negociaciones.