El futuro de Doñana tiene una vía de solución. Después de meses de cruces de acusaciones entre la Junta y el Gobierno central por la tramitación de la ley de regadíos de la Corona Norte del parque, que estaba a una semana culminar su aprobación en el Parlamento, la vicepresidenta Teresa Ribera y el presidente del Gobierno andaluz, Juanma Moreno, por fin se sentaron en una mesa y han llegado a un principio de acuerdo que puede dar solución al futuro del parque. 

Las posturas estaban claras antes de la reunión. La Junta ha puesto su línea roja en la defensa de las familias afectadas en la provincia de Huelva y el Gobierno no quiere "ni media hectárea más de regadío". Momentos antes, el portavoz de la Junta, Ramón Fernández-Pacheco ha dejado claro que desde la Junta "no se va a dejar tirado a los agricultores", que se quedaron fuera de la denominada ley de la fresa en 2014.

Fruto de las conversaciones que se han activado en las últimas semanas y que han culminado en la cita de esta tarde, Juanma Moreno y Teresa Ribera han realizado una comparecencia conjunta en la que han presentado las líneas generales de un plan que de tener éxito resolverá el futuro de Doñana con satisfacción para todas las partes, conjugando "los valores medioambientales con el desarrollo social y económico" de las localidades onubenses afectadas.

Ministerio y Junta se han comprometido a crear la semana que viene un grupo de trabajo que tendrá un mes de plazo para presentar un plan que debe ser aceptado por la gran mayoría de los agricultores de la zona. Este proyecto está dotado por parte del Ministerio de Medio Ambiente con "350 millones de euros", una cantidad muy parecida al plan que ya se liberó en noviembre de 2022 en Almonte.

"El plan de compra de terrenos es para la reducción de la presión sobre Doñana", se ha reafirmado Teresa Ribera ante la hipótesis de comprar terrenos a los agricultores a quienes se busca cambiar la naturaleza de terrenos que dejen de ser forestales y pasan a ser catalogados como suelos agrícolas regables con aguas superficiales, como se ha propuesto la Proposición de Ley. 

La ministra ha advertido de que "es más convincente ofrecer alternativas viables que no son más agua", en alusión al Marco de Actuaciones que ha diseñado el Gobierno, convencida de que "es difícil que haya" y ha expresado su confianza en establecer "un escenario donde todo el mundo piense que es mejor consolidar esas alternativas que confiar en más recursos hídricos".

Pero el nuevo escenario abierto este martes ha dejado tocado de muerte el proyecto de ley que impulsaron PP y Vox. Los agricultores tienen ahora la palabra. Esta mañana, como condición previa puesta por la Junta, los representantes del Gobierno han tenido un primer contacto con los agricultores de la zona. Según fuentes del Gobierno andaluz, la impresión es "positiva, aunque están expectantes".

Desde que la Junta presentó su intención de regularizar más tierras de regadíos en la Corona Norte de Doñana se ha encontrado con el rechazo frontal del Gobierno central, la Comisión Europea, la Unesco, los expertos ecologistas y hasta una buena parte de los agricultores de la zona. Y en esto ha insistido la vicepresidenta Ribera: "Hay que respetar los compromisos internacionales y la legalidad vigente. Tenemos que lograr cerrar por fin el proceso de infracción abierto por la Comisión Europea y convencer de nuestro esfuerzo conjunto a la Unesco".

El anuncio de la compra de la finca Veta la Palma a mitad del mes de septiembre fue la primera medida en este tiempo que el Gobierno de Sánchez vio con buenos ojos para la conservación del Parque Nacional de Doñana. "Va en el buen camino", afirmó la vicepresidenta Teresa Ribera.

Esta tarde se ha pasado del insulto a la amabilidad más absoluta. De hecho, el presidente de la Junta ha llegado a hablar de "humildad" y reconocimiento de "errores", si el Gobierno encuentra una solución "mejor" que la propuesta que hemos presentado en el Parlamento. "Abrimos una nueva etapa. El diálogo es el camino más correcto cuando hay dos puntos de vista diferentes. Es nuestra obligación entendernos. Los ciudadanos nos lo exigen", ha explicado el presidente de la Junta.

Vox ataca a Moreno

El portavoz de Vox en el Parlamento de Andalucía, Manuel Gavira, ha afirmado que el PP "mete por enésima vez la pata" al "conectar" con el Gobierno central y posponer la aprobación de la proposición de ley de mejora de regadíos de la Corona Norte, impulsada por el PP y Vox. "Moreno Bonilla sigue sin enterarse; además de mostrar su alegría por 'conectar' con el Gobierno de Pedro Sánchez, castiga a los agricultores posponiendo el debate de la ley para la regularización de las tierras del Condado de Huelva", ha escrito Gavira a través de su perfil en X, antes Twitter. Gavira ha dejado claro que en Vox Andalucía "siempre escucharemos a los agricultores y estaremos a su lado". 

Por su parte, los ecologistas han celebrado el principio de acuerdo, deshielo para algunos, al que han llegado Gobierno y Junta. WWF ha calificado de "positivo" que las administraciones con competencia en Doñana "retornen a la vía del consenso y el diálogo".

Una vía que "marcó el Plan de la Fresa de 2014 y que nunca se debió abandonar", ha apuntado en declaraciones a Efe el portavoz de la Oficina de WWF en Doñana, Juanjo Carmona, tras conocer el acuerdo alcanzado esta tarde. Carmona considera que el Plan de la Fresa es un plan que "hoy más que nunca debe de ejecutarse en su actual redacción por los compromisos que tenemos con Europa, con la Unesco y con la propia población y la agricultura de la comarca" y que "permitirá la recuperación también de los espacios de Doñana que en este momento están gravemente afectados por las sequía".

Desde WWF van a remitir sus propuestas a esa comisión bilateral que van a crear Gobierno y Junta de la que "esperamos surjan acuerdos en la línea del Plan de la Fresa y de no aumentar los regadíos en Doñana porque realmente no hay agua para ello, y en la que se busquen alternativas socioeconómicas sostenibles que no pasen por la especulación del suelo".

Además, ha defendido la necesidad de que los acuerdos que se alcancen "puedan ser llevados al Consejo de Participación de Doñana para que puedan ser ratificados por los representantes del territorio de Doñana".

"Una buena noticia y esperemos que tras este primer paso en ese consenso vengan muchos más por el bien de Doñana y de sus pueblos", ha concluido.