El Juzgado de lo Penal 1 de Granada ha condenado a tres años de cárcel y a otros tres de inhabilitación para cargo público por un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente al alcalde de Atarfe, Víctor Sánchez (PSOE), que ha presentado su dimisión aunque recurrirá el fallo. La causa son los vertidos de aguas residuales que se produjeron "de forma constante e ininterrumpida" entre 2001 y 2007 por el abandono de las instalaciones de depuración de la urbanización Llanos de Silva.

Sánchez no hizo ayer declaraciones, pero envió un comunicado en el que anunciaba que presentaba su "dimisión irrevocable". Aunque ha recurrido la sentencia ante la Audiencia, no se plantea regresar a la política ni siquiera si ese recurso prospera. "Se va de la política para siempre", zanjó una fuente cercana, que matizó que la sentencia "sólo viene a precipitar" su decisión de dimitir, que ya había adoptado ante su "delicada situación de salud". Víctor Sánchez está enfermo del corazón y se dio de baja en mayo.

Según el fallo, al menos desde 2001, la falta de mantenimiento de la depuradora que construyó la empresa Franisán, así como el impago del suministro eléctrico y la decisión del alcalde de conectar a la depuradora el saneamiento de aguas residuales de un colegio cercano, llevaron a que la estación dejara de funcionar.

Esto provocó quejas de la asociación, pero el alcalde, "haciendo dejación absoluta de sus deberes legales" se negó a asumir el mantenimiento de las instalaciones, "evitando la recepción de las obras", aunque de forma paralela concedía las licencias de ocupación. Obró "a sabiendas de que eso generaría aguas residuales que no iban a ser depuradas por falta de mantenimiento", agrega el fallo, que mantiene que el alcalde no exigió al supuesto responsable la realización de las obras precisas y alegó que los propietarios debían constituirse en entidad de conservación, un sistema de gestión que, "en cualquier caso", no elude la competencia municipal.

Los hechos acreditan una "grave dejadez de funciones durante al menos siete años" del alcalde, "alegando una falta de competencias que no es tal pues tenía atribuciones para haber puesto fin al vertido, ante el que permaneció impasible".