La ex alcaldesa de Jerez es condenada a dos años de cárcel por desviar fondos

Los ex alcaldes de Jerez viven sus peores horas. Si el Tribunal Supremo incrementó la pena de prisión a Pedro Pacheco el pasado mes de septiembre, el juzgado de lo Penal número 3 de la ciudad ha condenado ahora a la ex alcaldesa y directora del Instituto Andaluz de Cualificaciones Profesionales -cargo del que dimitió ayer-, Pilar Sánchez (PSOE), a dos años de prisión, nueve de inhabilitación especial para cargo público y al pago de una multa de 8,6 millones de euros. La razón: utilizar dinero de ayudas gubernamentales para la construcción y mejora de edificios y servicios -las subvenciones del Plan E- para pagar el sueldo a los trabajadores municipales y los recibos del alumbrado público. El caso nació tras una denuncia del actual gobierno municipal del PP que preside María José García Pelayo después de comprobar que había obras paradas y que, en la práctica deberían estar terminadas. El dinero se había empleado para otros fines.

El abogado de Sánchez, Juan Manuel Montes, dijo ayer que "la han condenado sin llevarse un euro a lo mismo que condenan a otros que sí se lo han llevado". Para no acabar en prisión, al no superar la condena los dos años, Sánchez está obligada a superar un escollo que se antoja insalvable para su economía: pagar una multa de 8,6 millones de euros. Por ello, su defensa recurrirá la sentencia ante la Audiencia Provincial con el objetivo de que se rebajen los términos de la condena.

Los delitos en los que incurrió Sánchez, según la sentencia, son un delito continuado de prevaricación en concurso medial con otro de fraude en subvenciones. La entonces alcaldesa sabía que no podía destinar los fondos del Plan E a otro fin. Así se lo dijeron el interventor y el tesorero municipales, pero ignoró la advertencia.

Por el delito de fraude en subvenciones la condena fija dos años de inhabilitación y siete años por el de prevaricación. A ello se une la condena a dos años de prisión y al pago de una multa de 8,6 millones.

Las pretensiones de la Fiscalía se han visto reducidas en un tercio, pues pedía que Sánchez pagara con tres años de ingreso en un centro penitenciario; ese tercio también se ve en la condena por inhabilitación especial para cargo público, delito para el que solicitaban 12 años.