El archivo judicial cierra la operación Oligarkh en Marbella y Mijas
Entre los investigados figuraba el nombre de Sergey Dozhdey, administrador de la empresa Agua de Mijas S.A
Las diligencias practicadas no han confirmado las sospechas iniciales
La Justicia estrechaba el cerco sobre la mafia rusa de Marbella y Mijas desde hace cuatro años
En 2017, la operación Oligarkh contra el supuesto blanqueo de capitales en la Costa del Sol llevó a la detención de más de una decena de personas y a la apertura de una amplia investigación judicial. Entre los investigados figuraba Sergey Dozhdey, administrador de la empresa Aguas Sierra de Mijas S.A., a quien en aquel momento se vinculó con las pesquisas.
Tras casi siete años de instrucción, el procedimiento penal ha quedado archivado. Así lo establece la resolución del Juzgado de Instrucción número 1 de Marbella, a la que ha tenido acceso este periódico, que concluye que “no existe en la causa razón suficiente que permita mantener los iniciales indicios de criminalidad” advertidos por el juez instructor y el Ministerio Fiscal.
La querella de la Fiscalía Anticorrupción se dirigía contra 18 personas físicas y 15 jurídicas. Sin embargo, las diligencias practicadas no han confirmado las sospechas iniciales. El auto subraya que, en relación con el principal investigado, “no se puede decir que todos los importes a que hace referencia la Guardia Civil en sus informes no estén contabilizados, fiscalizados y declarados ante la Agencia Tributaria (AEAT), sin que se observe irregularidad alguna”.
De hecho, el escrito judicial señala que las conclusiones policiales resultan “insuficientes para determinar el origen ilícito del dinero, por poco convencionales que puedan parecer las operaciones comerciales o mercantiles en las que intervienen los investigados”.
La operación, desarrollada entonces por la Guardia Civil en colaboración con Europol, apuntaba a inversiones en el Marbella FC, la embotelladora Aguas Sierra de Mijas y el club de golf Dama de Noche, por un montante estimado superior a los 30 millones de euros. A la luz de la investigación judicial, sin embargo, esas hipótesis no se han traducido en pruebas ni en acusaciones formales, y el caso se cierra definitivamente con el archivo.
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