A Francisco Javier Blanco lo llamaron para presentarse a unas oposiciones de las que lo habían excluido. En junio de 2017, este joven de Puerto Real fue a Málaga, donde viven familiares suyos, para ver cómo cientos de personas se examinaban para conseguir una plaza de profesor de Primaria. También era su intención, pero no pudo por un error informático. Entre los trámites necesarios para acceder a la oferta de empleo público que la Consejería de Educación lanzó el año pasado, había un formulario telemático que unos 400 aspirantes rellenaron mal, aunque ellos pensaron que lo habían hecho correctamente. "Ha quedado registrada su solicitud", rezaba en la pantalla del ordenador. Tan convencidos estaban Blanco y el resto de sus compañeros que pagaron unas tasas que, finalmente, no sirvieron para nada.

"Decían que no tenían mis datos, pero cuando nombraron a todo el mundo, el día del examen, también me nombraron a mí", cuenta el joven gaditano, que aquel día sabía que no podría sentarse en la bancada. Sólo iba a recoger un documento del tribunal que certificara su voluntad de presentarse a las oposiciones para incluirlo en sus reclamaciones. "Los propios miembros del tribunal se dieron cuenta de que había un fallo en el sistema", apunta Blanco, que actualmente está cobrando la subvención por desempleo tras casi cinco años como interino en colegios de Sevilla y Cádiz , después de pasar por otros tres procesos de oposiciones. "Luché un montón por llegar y estuve a punto de conseguirlo", añade este profesor de primaria de la especialidad de Inglés.

"Es mentira que no tuvieran datos míos", relata Blanco en referencia a que su nombre estaba en la lista de personas que debían examinarse. Este joven considera que el error del que fueron víctima unos 400 opositores sirvió para que la Consejería de Educación mejorase su sistema de inscripción en posteriores convocatorias, pero no ha sido motivo suficiente para que reincorporase a los interinos excluidos en la bolsa de trabajo.

Blanco llevaba cinco años, pero hay un colectivo de profesores de conservatorio que tienen un currículum mucho más extenso y que han visto cómo su experiencia y sus años de servicio han dejado de ser relevantes. Del total de afectados, quedan 18 que todavía mantienen sus reclamaciones, pese a que hicieron el primer examen de las oposiciones, antes de que se refrendara su exclusión en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Algunos, como José Luis Tarín, han llegado ya a la vía judicial después de las alegaciones administrativas e imponer dos recursos de reposición. "Parece que todos los años tenemos que demostrar que somos válidos cuando algunos llevamos 20 años dando clase", lamenta este profesor de piano, que pasó los últimos dos cursos dando clase en el conservatorio Francisco Guerrero de Sevilla. Ahora cobra el paro y trabaja como músico profesional, pero todavía espera que pueda ser readmitido en la bolsa de trabajo.

Es justo lo que han logrado algunos de los miembros de este colectivo de docentes excluidos, que en virtud a las medidas cautelares decretadas por un juzgado, volvieron a las listas el pasado miércoles. Desde la plataforma de interinos afectados muestran su preocupación por que la Junta "haya recurrido las medidas provisionales hasta en tres ocasiones". Consideran además que estas acciones legales de la Administración contrasta con declaraciones de la propia consejera de Educación, Sonia Gaya, que en una respuesta parlamentaria del pasado 6 de julio se comprometió "buscar soluciones para flexibilizar la normativa".

Gaya aseguró en aquel Pleno que su departamento no detectó "ninguna incidencia de carácter técnico" en el procedimiento realizado por los 400 excluidos iniciales, pero Francisco Blanco tiene sus dudas al respecto. "Un trámite no se puede permitir el 10% de error en un proceso telemático", insiste este opositor de Puerto Real, que menciona un caso similar al de su colectivo sufrido por otro grupo de docentes que se solucionó cuando Educación reconoció que el servidor falló hasta en tres ocasiones durante su proceso de inscripción.

Tanto Blanco como Tarín explican que no han logrado reunirse con la consejera, pero sí con altos cargos del departamento que dirige Sonia Gaya. "Ha sido como si no nos hubiéramos reunido. Lo lamentan mucho, pero dicen que la ley está para cumplirla", relata el maestro de Primaria.

Sin embargo, el decreto que regula las oposiciones de Educación se modificó en una mesa técnica el 4 de diciembre para que los interinos que no se presentan a una convocatoria no sean penalizados expulsándolos de las bolsas de trabajo y desactivando la experiencia acumulada. Los docentes excluidos por el error informático insisten en que su voluntad era hacer el examen, pero tampoco podrán verse beneficiados por este cambio, ya que la modificación no tiene efecto retroactivo.