Más de 400 encausados, alrededor de 60 abogados y procuradores, varios sindicatos en una sola sala de vistas. Éste puede ser el resumen del primer día de juicio vivido en la mañana y primeras horas de la tarde de ayer en el Juzgado de lo Social número 3 de Cádiz, donde se abría una semana en la que los ex trabajadores de Delphi tendrán que declarar, a través de sus representantes, por su participación en el proceso de formación impartido por la Fundación Universidad Empresa (Fueca).

Ayer, las partes implicadas tenían que exponer sus argumentos. Fueca mantuvo su demanda contra los 416 ex empleados de Delphi y su defensa alegó que simplemente fueron ajenos a una maniobra que "tiene otros responsables". Desde los sindicatos que representan UGT, CGT y USO explicaron ayer que "la mayoría de abogados coinciden en que los ex trabajadores no tienen nada que ver con el contencioso planteado por la Inspección de Trabajo contra Fueca. Es un litigio entre las partes, donde se condena a Fueca por simulación de contrato a una sanción administrativa de 6.251 euros por cada trabajador afectado en el fraude y en donde los ex empleados no han intervenido ni han participado en dicha causa administrativa".

Pero para llegar a estas declaraciones hubo que esperar varias horas, hasta cerca de la una de la tarde. Tal fue el caos que el Colegio de Graduados Sociales de Cádiz emitió un comunicado denunciando "la falta de previsión y respeto de la Administración de Justicia" hacia los operadores jurídicos que representan a los más de 400 ex trabajadores de Delphi en este juicio. El presidente del colegio, José Blas Fernández, lamentó que este juicio "no se haya organizado con las mínimas garantías y medios para los profesionales".

"En la vista, señalada en una de las salas de las dependencias del Juzgado de lo Social en las oficinas ubicadas en el estadio Carranza, de reducidas dimensiones, apenas se han podido situar 37 sillas para los más de 60 profesionales que debían intervenir", denunció Fernández. "Abogados y graduados sociales asistiendo de pie, sin ni siquiera sitio para utilizar documentos o apuntes, o sentados entre el público, en una sala que está diseñada para vistas reducidas", criticó el presidente de los graduados sociales, que demandó que "se debería haber trabajado con previsión, habilitando una sala especial para poder celebrar esta macro causa, con más de 400 trabajadores representados por profesionales que no se merecen estas condiciones".

"Esta causa y su condición de juicio de ámbito social merece el mismo trato que la Junta de Andalucía, competente en materia de infraestructura, dedica a otros juicios, como los que por su carácter mediático obligan a buscar escenarios adecuados", dijo Fernández.