La familia de Juan Francisco Trujillo, encarcelado por los ERE falsos como chófer del ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, no puede reunir los 150.000 euros en efectivo que la Audiencia de Sevilla ha fijado como fianza para salir libre.

Su abogado, Antonio Aguilar, dijo ayer a Efe que la familia no tiene ese dinero, que debe depositarse en efectivo, por lo que su cliente seguirá en prisión hasta que dentro de un tiempo pueda acreditar que carecen de bienes. Entonces el abogado pedirá una modificación del auto, ya que mientras la fianza siga fijada en un importe del que carece "se hace ilusorio el fondo del asunto", que es la posibilidad de quedar libre, según el letrado.

Por otra parte, fuentes judiciales informaron a Efe de que la Audiencia de Sevilla deliberará sin vista, y antes de mediados de julio, sobre el recurso que ha presentado el ex consejero de Empleo Antonio Fernández para quedar libre.

La Sección Séptima de la Audiencia, que la semana pasada dejó libre a Trujillo bajo fianza, tendrá así la segunda oportunidad de pronunciarse sobre la libertad de uno de los tres encarcelados por los ERE falsos: el ex consejero de Empleo, el ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero y su chófer. La ponencia de este segundo recurso ha sido encomendada a la magistrada Esperanza Jiménez Mantecón y el debate se celebrará sin vista ya que no lo ha pedido ninguna parte, ni la defensa del ex alto cargo ni la Fiscalía ni las acusaciones particulares que ejercen el PP y los sindicatos UGT y Manos Limpias.

De otro lado, el ex sindicalista de UGT Juan Lanzas, imputado como "conseguidor" en los ERE que investiga Mercedes Alaya, cobraba 600.000 euros por cada expediente y pedía recibir en "dinero B, en sobres semanales de 20 ó 25.000 euros, siempre en billetes de 500", según un informe aportado a la causa.

El informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil recoge la declaración como testigo del ex abogado de la familia Ruiz Mateos, según el cual Lanzas intervino en los ERE de cinco empresas del grupo en Andalucía por los que le debían tres millones de euros, de los que cobró la mitad.